MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Beatriz Elorriaga, afirmó hoy, en una entrevista concedida a Europa Press, que la paga prevista en la Ley de Dependencia para las familias con personas dependientes a su cargo se retrasará porque el Gobierno central no ha desarrollado los reglamentos oportunos ni la infraestructura para que las comunidades puedan aplicarla debidamente.
Elorriaga, que subrayó la precipitación por motivos electorales que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está demostrando en este tema, dijo que "ni siquiera el sistema informático, algo básico para empezar a organizar, está preparado". "Es una Ley que se ha vendido mucho, pero el Gobierno está hablando de cosas que hoy por hoy no son reales, que van a provocar gran desconcierto en la ciudadanía", planteó.
Así, subrayó que la aplicación plena de la Ley de Dependencia no está prevista por el Gobierno hasta el año 2015, y que sólo niveles de dependencia más graves serán los primeros en ser atendidos, a través de una puesta en marcha "gradual".
INCÓGNITA SOBRE EL COPAGO
En este sentido, la consejera, que ocupará el puesto número cuatro de la lista del PP para las elecciones de mayo próximo, mostró su preocupación por tres aspectos principales de la Ley. En concreto, que genere desequilibrios territoriales, que la financiación se mantenga en el tiempo y de forma adecuada a lo que cuestan los servicios de atención a las personas dependientes, así como la parte va a pagar el usuario a través del copago, "algo que todavía no se sabe", dijo.
Concretamente, el tema de la financiación es el que más "preocupa" a la consejera porque son las comunidades autónomas las que tienen la competencia exclusiva en atención a la dependencia. En este sentido, Elorriaga se lamentó de que el Ejecutivo no haya contado con las personas que tienen esta potestad y declaró que se les ha escuchado "muy poco".
Asimismo, la consejera dijo que la financiación por parte del Estado debería ser en función de "criterios objetivos", como la densidad de población o el número de dependientes, "algo que en definitiva pueda ser medible", apuntó. Sin embargo, Elorriaga afirmó que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha planteado la financiación a través de acuerdos bilaterales con cada una de las autonomías y en función del desarrollo de los servicios sociales de cada Comunidad, lo que generará, según la consejera, "más desigualdad y que un mayor dependiente en función de dónde viva, no tenga los mismos servicios y la misma atención".
En su opinión, aunque es una Ley "necesaria", que va a solucionar muchos problemas que tienen los ciudadanos, el problema radica en que se están desarrollando con retraso las normas que lleva aparejadas. Así, subrayó que por culpa del Gobierno su Consejería no sabe todavía qué es lo que va a poder ofrecer ni la parte que van a tener que pagar los ciudadanos.
No obstante, Elorriaga subrayó que la Comunidad de Madrid está perfectamente preparada para poner en marcha la Ley, puesto que su equipo lleva trabajando "mucho tiempo" en sus borradores y ha participado en "todas las reuniones". Así, se lamentó de finalizar la legislatura sin poder dejar "bien encauzado" el sistema de atención a la dependencia. "Esto es así no por voluntad propia, sino por las dificultades que nos está poniendo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales", concluyó.