MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de trabajadores de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada se han manifestado este mediodía entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para reclamar al segundo que confirme las sentencias del primero, que declaro nulo el ERE, y se reabra el centro.
Los empleados, que no han parado durante horas de cantar consignas y lemas contra los dueños de la embotelladora y a favor de un boicot a la marca en la plaza de la Villa de París, han contando con el apoyo de la candidata de IU a la Alcaldía de Madrid, Raquel López, y del líder del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado.
En declaraciones a los medios, López ha señalado que Izquierda Unida "ha estado desde el minuto uno en la lucha de estos trabajadores" y considera que "ya está bien de que en este país falte costumbre de que los trabajadores digan no a que aplasten sus derechos".
"Los trabajadores de Coca Cola han peleado mucho de un derecho fundamental, el derecho al trabajo y a que no precaricen sus puestos, y en esto han tenido mucho que ver la reforma laboral del PP y la del PSOE", ha dicho.
La nueva aspirante de IU a la Alcaldía cree que es "escandaloso" que los empleados "tengan que pelear en la Justicia con sus recursos lo que el Gobierno les está negando" u que los datos del paro de marzo conocidos ayer se hable de 5.000 parados menos en la región madrileños "cuando lo que se está provocando es que haya paro e inestabilidad laboral".
También ha aludido a los miles de asalariados que tienen trabajo pero que son pobres y deben compatibilizar "uno, dos o tres empleos" para llegar a fin de mes.
"Una candidata lo que debe hacer es promover que se sepa qué está pasando y apoyándoles desde el minuto uno. Hoy soy yo, pero antes lo hicieron mis compañeros en Fuenlabrada y en el Congreso y con el boicot que hemos hecho en todas las casetas de las fiestas para darles todo nuestro apoyo. Hay que poner altavoz en todas esas luchas que se están dando, que son pocas, y que deberían ser más, de todos estos trabajadores que son un ejemplo para el resto y que dicen no a precarizar su puesto de trabajo y ser trabajadores pobres y esclavos", ha subrayado López.
Raquel también ha criticado que se estén desmantelando fábricas como la de Coca-Cola en Fuenlabrada y ha achacado la responsabilidad al Gobierno de la Nación, "que prometió la creación de miles de empleos, y lo que está promoviendo es empleo precario".
"Animamos a todos los trabajadores a que den la batalla, nada de irse a casa, en la calle está la solución. Y sobre todo en las urnas. Y hay que llenar de concejales y diputados las instituciones. Por supuesto de votos a IU, que es la única izquierda real que tiene este país, y la única que defiende la clase trabajadora", ha concluido ante los medios la 'número uno' de Izquierda Unida a la Alcaldía.
UN AÑO Y MEDIO DE CONFLICTO
La Audiencia Nacional ordenó el pasado mes de noviembre al embotellador único de Coca-Cola en España cumplir la ejecución provisional de la sentencia que declaró nulo el pasado mes de junio de 2014 el ERE, que afectó a 1.190 trabajadores y conllevó el cierre de cuatro plantas (Alicante, Palma de Mallorca, Fuenlabrada y Asturias).
El embotellador finalmente se decantó por ofrecer un puesto de trabajo a los 351 trabajadores forzosos a los que les afecta la ejecución provisional de la sentencia del ERE en alguno de los centros que mantiene abiertos de la multinacional.
Sin embargo, los sindicatos UGT y CC.OO. exigieron a la multinacional que la reincorporación de los afectados por el ERE fuera en sus empresas y puestos de trabajo, y no bajo las condiciones que la compañía había impuesto.
En nuevo auto, en enero Audiencia Nacional consideró "irregular" la readmisión de los empleados afectados por el ERE en centros de trabajo que suponen un cambio de residencia, y obligó a la compañía a pagarles los salarios de sustanciación.
Por su parte, el embotellador único de Coca-Cola en España ha informado que pagará el salario de los 278 trabajadores que "rechazaron todas las ofertas de empleo planteadas por la compañía" en otra ciudad durante el ERE, que incluía un paquete de compensación de 500 euros al mes para ayuda a la vivienda durante dos años.
La multinacional subrayó que el auto de la Audiencia Nacional "confirmó que los centros están cerrados" y que ésta fue una decisión empresarial valida e independiente de la ejecución, mientras que ha recalcado que el tribunal ha dictado que "no ha habido fraude de Ley ni dolo ni mala fe".
Ahora, tras un recurso de casación, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el próximo día 15 de abril tiene que decidir sobre el recurso planteado por la empresa, ratifique la sentencia de la Audiencia Nacional y por lo tanto los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo.
