MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Vivienda de Madrid (que agrupa a la PAH y a los grupos de vivienda del 15M), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA), promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Ley urgente de vivienda en la Comunidad de Madrid han conseguido ya las 50.000 firmas necesarias.
Los promotores de la ILP tenían de plazo hasta el 26 de mayo para conseguir las 50.000 firmas para que la iniciativa sea debatida en la Asamblea de Madrid. Al cumplirse los dos meses exactos desde que arrancó la campaña de recogida, estas organizaciones han anunciado en un comunicado que llevan registradas más de 55.000 firmas.
"Todo un hito que ha sido posible gracias a la implicación de cientos de personas voluntarias, que han logrado cubrir el mapa de la región con mesas de recogida, formando parte de un proyecto ilusionante y aglutinador por la fórmula de democracia directa más apasionante que permite la Constitución, la Iniciativa Legislativa Popular", han indicado en un comunicado.
Los promotores de la ILP madrileña, tras conseguir el objetivo de las 50.000 firmas, se han propuesto uno nuevo, llegar a las 60.000 firmas. "El 26 de mayo queremos desbordar el mínimo legal llevándoles otras 10.000 firmas más como mínimo porque queremos transmitirles un mensaje, que la ciudadanía madrileña está diciendo 'sí' a esta ley urgente", ha expuesto la portavoz de la campaña y de la PAH, Alejandra Jacinto.
Para superar el nuevo reto, los tres colectivos impulsores de la ILP organizarán el 20 de mayo una nueva "gran jornada de recogida de firmas". "El sábado 20 volveremos a llenar de mesas de firmas los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid para exigir a los políticos que no se demoren y aprueben cuanto antes la ILP que rescata personas, calienta hogares y permite una vida digna de ser vivida", ha remachado Jacinto.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado se registraron en Madrid 6.674 lanzamientos y casi 4.0000 familias sufren hoy las consecuencias de la venta de viviendas públicas del IVIMA (hoy Agencia de la Vivienda Social) y de la EMVS de la capital a fondos buitre, operaciones perpetradas por los anteriores gobiernos del PP.
