El fiscal superior plantea una reforma legal para evitar la impunidad penal de los menores de 14 años

Actualizado: miércoles, 14 octubre 2009 18:14

El presidente del TSJM asegura que las huelgas de jueces deben marcar un punto de inflexión en la Justicia para detener su deterioro

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, planteó hoy durante el solemne acto de apertura del Año Judicial de la región una reforma de la Ley que regula la Responsabilidad Penal del Menor para frenar la preocupante proliferación de delitos cometidos por menores de 14 años, que en su mayoría protagonizan hechos delictivos contra el patrimonio.

Un año más, la ceremonia de apertura del Año Judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sirvió para poner sobre la mesa las principales deficiencias de la Justicia madrileña, aquejada por una saturación de asuntos que colapsa el funcionamiento de los tribunales. Tanto Moix como el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, reflejaron el desánimo de fiscales y jueces por la crítica situación de la jurisdicción madrileña.

Además de quejarse por la insuficiencia de la plantilla, el fiscal superior aprovechó su discurso para proponer una reforma legal para que el menor de 14 años infractor merezca "un reproche legislativo", teniendo en cuenta que la edad penal se sitúa en esa franja.

Así, sugirió dotar a las medidas de protección de un carácter coercitivo que hiciese obligatorio su cumplimiento. Se trataría de imponer medidas para impedir que vuelvan a delinquir. En muchos casos los que internan en un centro son recogidos de manera inmediata por sus padres, mientras que los que no lo son se fugan de los centros.

Según Moix, una vía adecuada sería "la judicialización" de dichas medidas, de forma que "su imposición fuese acordada por un juez, a instancias del fiscal y tras el informe sobres las circunstancias del menor". "Es obligación del legislador proporcionar los instrumentos jurídicos precisos para tutelar el superior interés del menor favoreciendo su inserción social y, al tiempo, proteger los derechos de los ciudadanos", reseñó.

Para Moix, es necesario buscar el origen que motiva el incremento de la delincuencia cometida por los menores de 14 años antes de plantear si resulta apropiado o conveniente una rebaja de la edad penal del menor. "La prevención debe ser nuestro objetivo esencial", recalcó.

Asimismo, el máximo responsable de la Fiscalía de Madrid llamó la atención sobre el incremento de la delincuencia juvenil, registrando un total de 11.918 ilícitos penales, lo que supone un ascenso del 8,36 por ciento frente a los 10.998 de 2007. En concreto, las infracciones penales más comunes son los delitos de Violencia de Género, con un ascenso de un 44,70 por ciento, y en el ámbito escolar, con un incremento de un 30 por ciento de los delitos de acoso escolar.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, Moix incidió en la necesidad de emprender una reforma legislativa en el ámbito de la Violencia de Género ante el incremento de mujeres que se niegan a declarar contra sus parejas o ex parejas durante las vistas orales.

Según el fiscal, el 69,72 por ciento de las sentencias absolutorias en esta materia se produjeron porque la víctima se acogió a la dispensa legal que contempla el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para no declarar. Así, reclamó una reforma legislativa del citado precepto que clarifique su concreto alcance o, al menos, un pronunciamiento unánime del Tribunal Supremo sobre el mismo.

En cifras, los delitos de Violencia de Género y Doméstica se sitúan a la cabeza de las infracciones delictivas que sufrieron un mayor incremento en 2008. En Madrid capital, pasaron de los 13.669 procedimientos incoados en 2007 a los 14.184 de 2008, es decir, 515 más, lo que representa un aumento de un 3,64 por ciento.

En cuanto a las Fiscalías de Áreas, la de Móstoles pasó de 1.663 procedimientos a 2.240 en 2008, lo que representa un aumento de un 31,85 por ciento. La Fiscalía de Getafe-Leganés tuvo un aumento del 23,41 por ciento, pasando de los 1.246 procedimientos de 2007 a 1.627 en 2008.

DESÁNIMO DE LA JUDICATURA

Por su parte, el presidente del TSJM aseguró que la Justicia madrileña se encuentra en "una fase muy preocupante" con motivo del constante incremento de la litigiosidad en los últimos años, agravado por la crisis económica. Así, recalcó que en 2008 quedaron pendiente de resolver más de medio millón de asuntos.

Vieira reseñó que esta situación, convertida en crónica los últimos años, se ha plasmado en los actos de protesta de los jueces del pasado 18 de febrero, cuando tuvo lugar la primera huelga de la Judicatura española, y el reciente 8 de octubre, con la huelga de menos repercusión que la anterior convocada por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

"Tales expresiones públicas de queja generalizada deben marcar el punto de inflexión en la Administración de Justicia para detener su progresivo deterioro y recuperar los niveles de eficacia que todos deseamos, conservando e incluso aumentando la calidad", subrayó.

Además, expresó su decepción por la paralización del Campus de la Justicia por parte de la Comunidad de Madrid, reclamando la reagrupación de las sedes judiciales de manera temporal para garantizar a los ciudadanos "una Justicia moderna y de calidad".

RALENTIZACIÓN DEL PROYECTO

A este respecto, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, aclaró que el proyecto del Campus de la Justicia "no se abandona", sino que se ha producido "una ralentización" como consecuencia de la crisis económica.

"Como ya he explicado muchas veces, tenemos otras prioridades más acuiciantes en este momento que la construcción de esos edificios, como son la Sanidad, la Educación, los servicios sociales. Y, por lo tanto, trataremos mejorar la situación de la Justicia con la concentración de Juzgados pero no acometiendo ahora, por lo menos al ritmo que teníamos previsto, estas infraestructuras", añadió.

Granados, que acudió a la apertura del Año Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, reiteró que no supone un abandono, "en absoluto", de las obras del Campus de Justicia, sino que el Ejecutivo regional tiene "la sana intención" de acometer ese proyecto cuando mejore la situación económico.