La Fiscalía y Abogacía del Estado retiran en el juicio cinco delitos fiscales al 'rey del acero'

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal y la Abogacía del Estado han retirado cinco delitos contra la Hacienda Pública que se imputaban al empresario José María Aristraín de la Cruz respecto a una de las sociedades instrumentales ubicadas en las Islas Vírgenes y que habría sido utilizada para ocultar activos de alto valor, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El juicio contra el magnate, conocido como el 'rey del acero español', llegará hoy a su fin tras varias semanas de sesiones en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal solicitaba inicialmente 64 años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública relacionados con fraude fiscal, IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto de Sociedades.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público reclama multas que superan los cientos de millones de euros y la devolución de las cantidades presuntamente defraudadas, junto con intereses y responsabilidades civiles subsidiarias para varias sociedades vinculadas al empresario.

En los informes, el fiscal y el abogado del Estado han desistido de la imputación de dichos delitos que estarían prescritos y que ahora se imputan como parte de la renta personal del empresario, por lo que sube la liquitación --la cantidad que Hacienda le reclama--, según han detallado las mismas fuentes.

En su intervención, el abogado del Estado ha aseverado que ha quedado probado conforme a testimonios que Aristrain se trasladó a Luxemburgo por motivos fiscales para obtener un ahorro tributario.

Por tanto, el Ministerio Público y Abogacía del Estado pasan de acusarle de quince delitos de fraude a Hacienda entre 2005 y 2009 a diez delitos.

A través de esta sociedad, se habría comprado un chalet en Suiza, coches de lujo como un Ferrari por valor de 74 millones de euros o un yate.

El Tribunal Supremo anuló en junio de 2024 por falta de motivación la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de enero de 2022, que absolvió al empresario y ordenó repetir el juicio.

OCULTAMINTO A HACIENDA

Según el escrito de acusación, el empresario habría simulado desde 2005 su residencia fiscal en Suiza mientras continuaba residiendo y dirigiendo sus principales actividades económicas desde España, concretamente desde su domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La Fiscalía sostiene que el objetivo era impedir que tributaran en España tanto sus rentas personales como los beneficios obtenidos a través de sociedades bajo su control.

La acusación describe una presunta red de sociedades radicadas en distintos países -entre ellos Holanda, Luxemburgo, Malta y las Islas Vírgenes Británicas- mediante las cuales, supuestamente, se desviaban dividendos millonarios y plusvalías procedentes de inversiones industriales y financieras.

Entre las operaciones investigadas figuran dividendos relacionados con compañías del grupo ArcelorMittal y la venta de participaciones empresariales que, según el Ministerio Público, no tributaron ni en España ni en otros territorios donde formalmente estaban domiciliadas las sociedades.

El fiscal también atribuye al empresario el uso de fondos societarios para sufragar gastos personales y familiares, incluyendo el mantenimiento de un chalet en Suiza, un yate denominado 'My Steel', vehículos de lujo y otros bienes de elevado valor económico. Dichos gastos habrían sido abonados a través de sociedades instrumentales y no fueron declarados en el IRPF.

La Fiscalía calcula que el perjuicio causado a la Hacienda Pública española supera los 210 millones de euros entre los ejercicios 2005 y 2009. Por estos hechos acusa al empresario de múltiples delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el Impuesto de Sociedades, el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.