Le añade un atenuante de dilaciones indebidas
MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Madrid mantiene la petición de multas que rondan desde los 75.000 a los 30.000 euros para los 14 controladores acusados de delito de abandono del servicio público durante la huelga que protagonizaron en 2010, aunque aplica el atenuante de dilaciones indebidas.
Se trata de los catorce controladores por el denominado 'caos aéreo' de 2010 que no han pactado con la fiscal y que mantienen que no se movieron de su puesto en las torres de control del aeropuerto de Barajas y de Torrejón en la causa que se sigue en Madrid.
Entre ellos se encuentra el exportavoz del sindicato mayoritario USCA César Cabo, que fue la cara visible y la voz del colectivo aquellos días.
En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público les acusa de un delito de abandono del servicio público a este grupo y destaca que el resto han suscrito un acuerdo que fomenta la "reparación del daño" a los afectados.
Al respecto, explica que han indemnizado con anterioridad al comienzo de las sesiones del juicio oral a las acusaciones particulares personadas (al menos 39) que debido a ello han ido renunciando a las acciones civiles y penales, facilitando con ello que alrededor de 15.000 perjudicados ya hayan cobrado la indemnización y contribuyendo "notablemente" a la simplificación del juicio al reconocer explicitamente los hechos objeto de acusación.
Sobre el grupo de controladores que han rehusado este acuerdo, solicita que indemnicen, conjunta y solidariamente, a cada uno de los
perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación.
Además indemnizarán en una cantidad de 1.000 euros en concepto de daño moral a cada uno de los perjudicados personados que acrediten dichas circunstancias, siempre que se pruebe que no han sido indemnizados con anterioridad. De las citadas indemnizaciones será responsable civil subsidiario a Aena.
En el caso de César se pide una multa de 75.000 euros, a razón de 250 euros diarios durante 10 meses, y la suspensión de empleo y sueldo por un periodo de un año, la pena más elevada.
Un total de 119 controladores llegaron a un acuerdo con la fiscal, ratificando ante la sala que aceptan las multas previstas en el acuerdo, cuya cuantía ha quedado reducida hasta 21.000 euros.
El escrito de acusación recuerda que "a consecuencia del abandono colectivo" de los acusados a sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte, que obligó a decretar 443 cancelaciones de vuelos programados para el día 3 de diciembre de 2010 y 909 de otros tantos vuelos programados para el día 4 de diciembre.
"Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación", según el fiscal.
De hecho, los vuelos que se vieron afectados fueron "no sólo aquellos que tenían origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino también aquellos otros vuelos que partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el ACC (centro de control de ruta) de Madrid".
Según la Fiscalía, entre las 17.00 horas y las 17.15 horas del pasado 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", presentó ante el responsable de la sala un documento "escrito de su puño y letra" en el que cada uno "a su manera" alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo.
El 4 de diciembre ocurrió algo parecido. De los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo, sólo lo hicieron 19 y de ellos una docena siguió la misma estrategia que en los turnos anteriores "con la finalidad de mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal" alegando disminución de capacidades psicofísicas para ejercer su función de controlador.
En la práctica, la dirección de Aena estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador. El hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 controladores de 62 programados y casi de manera simultánea), obligó a la Dirección Regional Centro-Norte de Aena a la reducción progresiva de la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio aéreo.
Este tipo de acciones se hicieron, a juicio de la Fiscalía, teniendo los acusados constancia de la situación "límite" en que ponían a Aena "y previendo y asumiendo que se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno".
