MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSM y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha pedido a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y al "fondo buitre" propietario de 1.870 viviendas de protección pública de la promoción denominada Carabanchel 12 que paralicen los desahucios.
En una carta dirigida a la alcaldesa, el líder de los socialistas madrileños califica de "inaceptable" la enajenación de estas viviendas, al considerarla "claramente perjudicial para el patrimonio público de los madrileños", al mismo tiempo que "ha desnaturalizado los objetivos fundacionales de la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo), y quebrado el mandato que la Constitución Española realiza en su artículo 47, para que los poderes públicos faciliten el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos, evitando la especulación".
Asimismo, advierte de la necesidad urgente de "remediar la situación de desamparo que las familias afectadas con dicha operación están padeciendo", hasta tal punto que algunos inquilinos "se ven compelidos a desahucios por el impago ocasional de sus alquileres, sin que el arrendador tenga en cuenta las condiciones desfavorables que puedan estar padeciendo coyunturalmente estas familias, y a pesar de su historial de pagar puntualmente sus alquileres en los últimos 10 años".
"Ante esta situación de injusticia social te solicito que, al margen de otras consideraciones, el Ayuntamiento que presides y la EMVS medien ante el actual arrendador para que cesen esas prácticas de desahucios", reza la misiva.
En declaraciones a los medios ante la EMVS, Gómez ha instado a Botella a reunirse con los socialistas y a crear una comisión con el objetivo de mediar para que no se produzca ningún desahucio.
Por otro lado, en un burofax dirigido a la empresa Fidere Viviendas, Gómez ha puesto de manifiesto su "indignación" por la "multiplicación" de los desahucios de familias que normalmente han hecho frente puntualmente a sus obligaciones por demoras que "en muchos casos no alcanzan más de dos o tres mensualidades".
Además, ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid admitió a trámite el pasado agosto una denuncia del PSM contra la venta de dichas viviendas, por lo que se está investigando dicha operación, donde podrían haberse producido conductas que, a juicio de los socialistas, podrían ser calificadas de "prevaricación, malversación de caudales públicos o sustracción de bienes al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad".
Así, Gómez pide a la empresa que paralice los desahucios y la puesta en marcha de una vía negociadora que permita a las familias seguir viviendo en el que ha sido su hogar, "a pocos meses de unas elecciones locales y autonómicas, que arrojarán con total seguridad unos gobiernos comprometidos firmemente con la defensa del derecho a la vivienda".
"En el mes de mayo habrá cambio de gobierno y las reglas del juego van a cambiar, van a estar por encima los derechos de la gente a los intereses y los beneficios de los fondos buitre", ha manifestado Gómez en declaraciones a los medios, en alusión a una nueva ley de vivienda con un objetivo: "desahucios cero".
No obstante, ha asegurado que los socialistas no van a permitir que haya ningún desahucio de aquí al mes de mayo, por lo que ha anunciado la puesta en marcha esta semana de una oficina antidesahucio en la sede del PSM, en Callao, para proporcionar asistencia jurídica gratuita a los afectados.
PUERTAS GIRATORIAS
Por su parte, el candidato a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha denunciado las puertas giratorias entre la EMVS y los "fondos buitre".
Tras prometer que la EMVS "volverá a ser lo que era" y que intentarán incrementar el número de viviendas sociales, ha proclamado que "este Madrid será un Madrid de desahucios cero".
"A partir de mayo tendremos una Comunidad Autónoma y un Ayuntamiento de Madrid donde la EMVS y el IVIMA no permitirán que se desahucie a nadie de la vivienda pública", ha afirmado, al tiempo que ha avanzado la posibilidad de que la administración pueda acceder en usufructo a una buena parte de las 40.000 viviendas vacías que tienen las instituciones financieras en esta ciudad.