MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La política de vivienda pública desarrollada en la actualidad en la región perjudica la integración residencial de la población extranjera y puede generar guetos en unos 15 años, según se desprende sobre el estudio 'Políticas públicas y segregación residencial de la población extranjera en la Comunidad de Madrid' de la Fundación Alternativas.
El responsable del informe, Alfonso Echazarra, achaca estas conclusiones a la "insuficiente" inversión en vivienda protegida pública y a los requisitos exigidos por el Gobierno regional y los ayuntamientos, "que no garantizan la prioridad de los grupos más necesitados y no contribuye a una distribución homogénea de esta población". Respecto a la política urbanística, el trabajo apunta que el modelo de ciudad "descongestionado", presente en los municipios de rentas medias-altas, está "negativamente asociado" con la presencia de las nacionalidades más desfavorecidas.
Los inmigrantes de la Comunidad han pasado en poco más de una década de significar el 2 por ciento de la población a convertirse en el 15 por ciento, con un millón de inmigrantes de 27 nacionalidades que tiene más de 5.000 miembros. "A pesar de que algunos académicos insisten en la creciente heterogeneidad del colectivo inmigrante, lo cierto es que en Madrid se aprecia más bien una concentración progresiva en las nacionalidades de América del Sur y Europa del Este y, concretamente, de ecuatorianos y rumanos", apuntó Echazarra.
Una tendencia que prevé que no disminuirá debido al fuerte crecimiento de los nuevos migrantes procedentes de Europa del Este, al efecto multiplicador de las redes sociales y a los procesos de reagrupación familiar.
Si bien hay un equilibrio de la población inmigrante en razón de género, tiene una media de edad media más joven que la española, de unos 30 años, es decir, en edades laborales activas y fértiles. Siguiendo el estudio, tienen elevadas tasas de empleo, destacada inestabilidad laboral, alta concentración en los sectores de la construcción, servicio doméstico y restauración, bajos ingresos medios y con una fuerte dependencia de las redes sociales a la hora de encontrar empleo.
Respecto a la vivienda, predomina el alquiler directo (48,7 por ciento) o el subarriendo (29,1), mientras que en la población española prevalece el régimen de propiedad (82 por ciento). En segundo lugar, el tamaño medio de las viviendas es significativamente entre los inmigrantes, con 71 metros cuadrados de media, y los españoles, con 90. Por último, el número medio de personas por vivienda (4,4) es sensiblemente superior a la media española (2,9).
Los resultados del informe indican que la distribución residencial de los extranjeros no se produce de forma aleatoria, sino que sigue unas pautas definidas. El más importante es la renta, ya que los municipios y distritos con mayores rentas son los que menos población censada tienen.
EXPOSICIÓN DE EXTRANJEROS A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
El estudio también analiza diferentes variables para conocer la concentración de la población inmigrante por nacionalidad y su exposición o mezcla con la española. Así, las nacionalidades más concentradas entre sí en la región son la bangladeshí, seguida de la ecuatoriana y la rumana, mientras que la menos son la cubana, la portuguesa y la argentina. En el segundo baremo, las nacionalidades asiáticas y africanas son las menos expuestas a la población española son las chinas y las ecuatorianas y las menos las europeas.
Por distribución en el territorio, las nacionalidades asiáticas y son las americanas las que más tienden a localizarse en el centro urbano, mientras que los marroquíes y rumanos viven más lejos del mismo.
Como conclusión, Echazarra subrayó que durante el periodo 2000-2007 el aislamiento residencial de los extranjeros en la Comunidad no sólo ha aumentado, "sino que lo ha hecho a un ritmo mayor del que cabría esperar por su crecimiento poblacional". Asimismo, resalta diferencias notables entre nacionalidades, ya que las más privilegiadas muestran una segregación residencial desdeñable, similar a la población española, mientras que las menos privilegiadas --entre las que se encuentran las asiáticas, las africanas y las andinas-- presentan una segregación residencial significativa.
DETERMINANTES DE LA SEGREGACIÓN
El autor del estudio destaca el papel de los poderes públicos para integrar a las minorías y la responsabilidad de agentes privados como propietarios, instituciones financieras, agencias inmobiliarias y los propios vecinos para todo los contrario.
Como ejemplo, citó que a principios de los años 90, el Gobierno regional reubicó a 230 familias de origen gitano en el barrio de Moratalaz. Este tipo de medidas, según Echazarra, pueden tener en común la reacción negativa de los miembros más afectados de los grupos mayoritarios en forma de protestas, violencia y, en algunos casos, huída del barrio.
Además, en este caso concreto, afirmó que los gitanos han podido contribuir a "disuadir" la llegada de inmigrantes a la zona, ya que barrios con el mismo nivel socioeconómico acogen muchos más extranjeros que Moratalaz. "Por alguna razón, es inimaginable que este realojo se hubiera producido en los distritos de Salamanca o Chamartín o en municipios con abundante suelo edificable, como Pozuelo o Las Rozas".
POLÍTICA PÚBLICA DE LA VIVIENDA
El autor del estudio cree que las viviendas públicas son insuficientes y que la reglamentación de los requisitos de la renta que se piden para acceder a uno de esos pisos "genera bastantes dudas en cuenta a sus fines redistributivos". En primer lugar, considera que sólo tiene en cuanta las rentas actuales y no las potenciales, por lo que buena parte de los candidatos que cumplen las condiciones al inicio las incumplen una vez que las viviendas son entregadas. En segundo lugar, asegura que este requisito no garantiza que las personas más necesitadas tengan preferencia, "sólo evita el acceso de las más privilegiadas". "Además, los precios de la vivienda pública no gozan de la suficiente subvención como para que los grupos más desprotegidos puedan acceder a ella", agregó.
Echazarra criticó, especialmente, que la Ley no impide que los municipios exijan requisitos adicionales en sus promociones, en incluso en algunas que dependen del Gobierno regional, como es el caso del periodo mínimo de residencia o de trabajo. "Desde el punto de vista democrático, este requisito podría considerarse como una política dirigida a satisfacer las preferencias de los electorados municipales", añadió.
Asimismo, el responsable del informe incide en que los municipios de mayores rentas, como Majadahonda y Pozuelo, imponen requisitos que llegan hasta los diez años de residencia en el municipio. "Las consecuencias de estas condiciones para la segregación residencial de los extranjeros son significativas, impidiendo la entrada de poblaciones desfavorecidas y ajenas al municipio", indicó.
PROPUESTAS DE MEJORA
En línea con los resultados de este trabajo, el autor propone introducir la renta como variable informadora para acceder a una vivienda de protección pública, eliminar el requisito legal para acceder a los sorteos, establecer la residencia legal como único requisito referido al estatus legal.
Asimismo, propone que se implante un sistema global, a nivel regional o nacional capaz de informar de forma automática sobre las posibilidades de construcción en un terreno determinado, con el fin de evitar sesgos localistas y prácticas corruptas; así como eliminar la competencia municipal tanto de vivienda pública como de política urbanística.
Como nota de atención, también señala que hay barrios madrileños donde conviven un porcentaje muy elevado de inmigrantes con población muy envejecida. "Si no se atrae a estas zonas población joven, en unos años pueden crearse guetos, como ha pasado en otros países europeos", concluyó el autor del informe.
