El cuerpo técnico del Ayuntamiento declara como testigo en la denuncia del PSOE contra el alcalde y el Gobierno por presunta malversación de fondos
ARROYOMOLINOS, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Interventora municipal del Ayuntamiento de Arroyomolinos y los técnicos de Contratación y Tesorería han ratificado este lunes en el juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero --que abrió diligencias previas en una denuncia del PSOE por presunta malversación de caudales públicos contra el alcalde, Juan Velarde (PP), y el equipo de Gobierno-- la existencia de "informes desfavorables" en varias contrataciones realizadas por el Gobierno local entre 2004 y 2006, según ha informado a Europa Press el portavoz del Grupo municipal Socialista, Juan Carlos García.
El equipo técnico del Consistorio arroyomolinense ha comparecido por espacio de más de tres horas después de que el juzgado decidiese investigar el presunto "fraccionamiento" de contratos en varias adjudicaciones a raíz de una denuncia que interpuso el PSOE por presunta malversación de caudales públicos.
En este sentido, según García, los técnicos han certificado que, en estas contrataciones, "avisaron al Gobierno de que no se podían realizar" por lo que emitieron "informes negativos". En este sentido, el edil socialista ha recordado que, de las 62 carpetas analizadas, "sólo cuatro contaban con expediente de contratación". Además, los departamentos técnicos municipales habrían confirmado en el juzgado que, en algunos casos, se produjeron "pagos por encima de lo que había contratado".
En la denuncia del Partido Socialista sobre estas adjudicaciones figura, por otro lado, un abono del Ayuntamiento en 2004, por importe de 52.000 euros, a la "empresa personal" del ex secretario de Organización del PP y actual concejal popular José Vallejo, según Juan Carlos García.
El juzgado ha interpelado a los técnicos por este asunto, y estos han asegurado que "consta el pago" en un expediente que carecería de "informe de contratación". "Está el pago, pero no la adjudicación del concurso", ha resumido el portavoz socialista.
La denuncia del PSOE considera que, siguiendo estos mecanismos, se habrían "troceado" presuntamente contratos públicos "millonarios" con el objetivo de "adjudicarse a dedo" presumiblemente a empresas, lo que --según García-- denotaría "un carácter de burla sistemático del control establecido por la Ley de 2005".
El juzgado de Instrucción tomará declaración el próximo viernes a la Secretaria del Ayuntamiento y, posteriormente, decidirá si hay indicios para continuar con el procedimiento. En este sentido, el portavoz socialista ha considerado que el juzgado podría "derivar actuaciones al Ministerio fiscal".
Por su parte, el Gobierno municipal negó días antes de las comparencias de este lunes las acusaciones que se le imputan, al asegurar que todas las contrataciones que se realizan en la Administración local están plenamente sujetas a la ley, ya que cuentan "con todos los informes preceptivos favorables".
Además, el Ejecutivo aseguró en un comunicado que "ninguno" de sus concejales "se ha beneficiado directa o indirectamente de las contrataciones realizadas" y que el proceso de contrataciones se lleva a cabo con una transparencia mayor que la exigida por la Ley, ya que, "por voluntad del alcalde, el Partido Socialista de esta localidad forma parte de todas las mesas de contratación, cobrando dietas por asistir a las mismas, y nunca la oposición ha recurrido o impugnado contratación alguna".
