ALCORCÓN, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez del juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcón, María Dolores Nortes, ha ordenado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra los miembros de la Corporación local del Partido Popular en el año 2002, que fueron citados a declarar por su presunta implicación en un delito de prevaricación cometido por supuestas irregularidades producidas en la aprobación de los planes parciales PP-7 "Parque de Ocio Universitario" y PP-12 "La Ronda", en el barrio de Fuente Cisneros.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez establece que de las declaraciones tomadas a los por entonces ediles del PP y de los informes aportados por el Ministerio Fiscal "difícilmente puede sostenerse que en la actuación de los imputados concurran los elementos del tipo penal de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal".
Asimismo, añade que "a la vista de las actas del Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón, se evidencia que, al tiempo de la aprobación de los Planes Parciales a que se refiere la denuncia, y en contra de lo que se afirma, sí que se contaron con los informes técnicos y jurídicos necesarios".
Además, el auto detalla que la directora general de Planificación de la Ciudad y el titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento elaboraron sendos informes en 2008 y 2009 en los que se sostiene que en la aprobación de ambos planes parciales "se incurrió en graves irregularidades", si bien añade que la primera "recoge conclusiones que se contradicen con lo que ella misma informó, como funcionaria de carrera independiente, al tiempo de la aprobación inicial y modificación de los referidos planes en 2002".
Por último, el texto apunta que "no resulta descabellado presumir la existencia de motivaciones políticas tras la presentación del escrito por el Ayuntamiento de Alcorcón a la Fiscalía" y se basa para ello en el hecho de que "desde el año 2003, año en que el Partido Popular dejó la Alcaldía de Alcorcón, no sólo no se ha dicho nada sobre las supuestas irregularidades que se cometieron sino que se ha procedido a su ejecución por el siguiente equipo de Gobierno sin que nada se haya dicho hasta ahora".
Tras conocer el archivo de la causa, el portavoz popular, Fernando Díaz, ha calificado estos hechos de "patraña" y ha añadido que "se ha demostrado que todo es mentira" y que han cumplido la Ley del Suelo "a rajatabla".
"Han sido ocho años de persecución, siempre les ha venido bien (al PSOE) decir que robamos y hurtamos vivienda pública, pero lo cierto es que cuando aprobamos el PP-7 y el PP-12 estuvieron un año en la oposición y casi ocho años en el Gobierno, si hubieran visto algo irregular lo habrían dicho entonces", ha puntualizado.
Asimismo, Díaz ha calificado de "vergüenza e irresponsabilidad" los informes emitidos por la directora general de Urbanismo, el secretario del Ayuntamiento y el responsable del departamento jurídico del Consistorio, y ha anunciado que el Grupo Popular va a estudiar emprender acciones legales contra todos ellos "porque han incurrido en falsedad en documento público".
DENUNCIA DEL FISCAL
Por su parte, la portavoz socialista, Natalia de Andrés, se ha dirigido a su homólogo popular recalcando que "no le vamos a consentir que mezcle al Gobierno municipal ni al alcalde de Alcorcón en el asunto de Fuente Cisneros, ya que nosotros no les hemos llamados a declarar, si no el fiscal".
De Andrés ha querido incidir en este aspecto y ha recordado que el regidor "no se querella y es el fiscal quien presenta la demanda", para añadir que "la única querella la presentó el señor Díaz contra el alcalde y ha sido archivada".
La edil socialista ha pedido a Fernando Díaz que "deje de intentar manipular y que explique de una vez por qué no construyeron 395 viviendas públicas o no reservaron ni un metro cuadrado para equipamientos públicos en el barrio de Fuente Cisneros".