MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha rechazado este jueves los recursos de reposición presentados por PP y Ciudadanos al proyecto de presupuestos y ordenanzas fiscales ya que este órgano, la Junta, es quien tiene la competencia para aprobarlo inicialmente. La aprobación definitiva viene de la mano del Pleno.
Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha detallado que el PP presentó un recurso y Ciudadanos un escrito que "no tenía la fórmula jurídica de recurso".
"La aprobación inicial de la tramitación de la ordenanza fiscal compete a la Junta de Gobierno de manera inicial. Esa competencia la asumimos", ha declarado Maestre. El proyecto de presupuestos se aprueba inicialmente en Junta y conseguirá el visto bueno definitivo en el Pleno de la semana que viene.
Dicha aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno no puede considerarse como un acto que ponga fin a la vía administrativa. Tampoco un acto de trámite que decida directa o indirectamente en el fondo del asunto o determine la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzca indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, han explicado desde el Consistorio.
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha explicado en rueda de prensa que la sanción inicial del proyecto de presupuestos no es más que el acto que da comienzo al procedimiento de aprobación definitiva. "Se inadmite el recurso al no tratarse de un acto que ponga fin a la vía administrativa", ha insistido el edil.
La reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de ayer miércoles aprobó el proyecto final de ordenanzas fiscales, que supondrán un incremento de la recaudación en 103 millones de euros. El resumen de las medidas que regulan los tributos municipales implica una bajada del 7 por ciento del IBI para el cien por cien de los inmuebles residenciales.
Como contrapartida, suben los tipos de gravamen diferenciados entre el 7 y el 9 por ciento para el 0,31 por ciento de los inmuebles de mayor valor catastral, distintos de los residenciales.
También disminuye un 7 por ciento el IBI para los inmuebles no residenciales que no están encuadrados en el tipo diferenciado (que son los de valor catastral más elevado y, por tanto, en los que sí sube el IBI). Por otra parte, se mantiene la bonificación en el IAE para las empresas que creen empleo, las de nueva creación y las que tiene pérdidas. El ICIO incluye las ventajas a los primeros 45.000 euros de obras y mantiene la bonificación por fomento del empleo.
También se establece la Tasa por prestación del servicio de gestión de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), que no pagarán los inmuebles residenciales.
