MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, se preguntó hoy si la "parálisis" del Consistorio al no imponer sanciones por falta de licencia al que denominó "campo de golf de Esperanza Aguirre", en Chamberí, podría corresponder a "algún interés" de la Casa de la Villa.
"No entiendo esa parálisis a no ser que haya algún interés", declaró el edil después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya anulado el acuerdo del Gonsejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de enero de 2007, en el que apelaba al interés general para instalar un campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí.
La Justicia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación de vecinos El Organillo de Chamberí contra dicho acuerdo. La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM argumenta que la Comunidad no motivó suficientemente el interés general al que apelaba. "No es irrazonable esperar un mayor rigor o intensidad", esgrime la Sala.
Tras ello, el socialista se preguntó "a qué espera el alcalde de Madrid para actuar en el campo de golf de Esperanza Aguirre". "¿Por qué no actúa, qué intereses hay cuando una sentencia dice que el interés general alegado por la Comunidad no era tal?", añadió.
Y es que el edil expuso que actualmente existe en Chamberí un campo de golf "sin licencia, sin autorizaciones municipales, con una sentencia que declara nulas las actuaciones llevadas a cabo, un campo que no cumple la legislación vigente".
"¿Por qué Alberto Ruiz-Gallardón no actúa para hacer cumplir la sentencia?", se preguntó para manifestar que este campo de golf que carece de las preceptivas licencias no tiene sanciones cuando éstas sí llegan a locales que no cuentan con ellas, llegando incluso a ser precintados.
Lucas adelanta que si el Gobierno municipal "no actúa inmediatamente" llevarán la cuestión al Pleno con la idea de que se cumpla la ley ya que "por mucha Esperanza Aguirre que sea y mucho Alberto Ruiz-Gallardón que sea no pueden pasar por encima de la legalidad".
INICIO DE LAS ACTUACIONES EN 2002
El devenir de las instalaciones deportivas en el Canal de Isabel II es larga. En el verano de 2002, el Canal y el Ayuntamiento de Madrid acordaban el cambio de uso del solar propiedad del primero, situado entre las calles San Francisco de Sales y Santander y las avenidas Pablo Iglesias e Islas Filipinas.
Para ejecutar el convenio, el Consistorio se comprometía a modificar el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y el Canal a la urbanización de zonas verdes y parques para uso público, además de a la reposición de la zona deportiva ya existente. El Canal solicitó al Ayuntamiento la oportuna licencia de las obras de consolidación y ajardinamiento sobre la cubierta del depósito, licencia que fue concedida en marzo de 2003.
Sin embargo, tres años más tarde el Canal presentó una segunda solicitud de licencia argumentando que el proyecto inicial había sufrido modificaciones por las protestas vecinales. La Comisión para la Protección del Patrimonio (CIPHAN) informó desfavorablemente en diciembre. Por su parte, el Ayuntamiento remitió al Canal un requerimiento de subsanación de deficiencias, además de pedir nueva información relativa a la supresión del helipuerto, a la modificación de las zonas verdes, al incremento de pistas polideportivas y de pádel.
INCORPORAR DEMANDAS VECINALES
La Comunidad mostró ya enero de 2007 su discrepación con la postura del Ayuntamiento argumentando que el Canal defendía que sólo se había pedido la denegada licencia por el rediseño de las instalaciones con el fin de incorporar las demandas de los madrileños.
Dichas demandas pasaban por dos zonas de prácticas de golf, la primera con un centenar de puestos de lanzamiento y la segunda pensada para la iniciación y el entrenamiento. A ellas se le sumaban tres edificaciones complementarias. El Canal esgrimía que no era "pertinente" al adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico pero que en él concurría un "interés general" en su ejecución, que residía en la importancia del proyecto para el sistema de infraestructuras hidráulicas y la ampliación de la dotación de zonas deportivas y parque público para el desarrollo de deportes con numerosos aficionados en la región, como el golf y el pádel.
Tras ello, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado el 18 de enero de 2007 justificaba el interés general de las obras en el mismo sentido, añadiendo que las nuevas instalaciones paliarían las carencias, tanto deportivas como de parques, al ser tan escasas en el centro de la ciudad. Además, apuntaban que el acceso sería público, lo que, como exponían, reforzaba el argumento del interés general que recoge el artículo 161 de la Ley del Suelo.
Dicho artículo explica que cuando se trate de un proyecto de "excepcional interés público" podrá seguirse un procedimiento por el que "producirá los efectos propios de la licencia municipal" pero, para eso, y siempre que el Ayuntamiento se mostrara disconforme, "la Administración titular adaptará el contenido del proyecto a la ordenación urbanística". Si no es posible se motivará el interés general y pasará al Consejo de Gobierno.
