MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
Responsables de Inmigración de las Comunidades de Madrid y Valencia han criticado este jueves, durante el XII Congreso de Inmigración organizado por Aculco, la atribución de competencias a las Comunidades Autónomas y entes locales incluidas en la última reforma de la Ley de Extranjería que, a su juicio, es "contradictoria", pero "no han hecho llegar ideas concretas" para elaborarla, según ha replicado el director general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Markus González.
En este sentido, González ha asegurado que la reforma de la Ley "ha clarificado el Estatuto Jurídico del extranjero y ha reconocido que existe una serie de derechos que, con independencia del Estatuto Jurídico, el extranjero tiene, como la sindicación, la manifestación, la huelga, derechos que no estaban recogidos".
Por su parte, la directora general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, Laura López de Ceraín, ha opinado que en la Ley de Extranjería existe "una gran indefinición sobre el papel de los ayuntamientos". A su juicio, es una ley que contiene "buenismos y buenas palabras pero no concreta".
Además, el director general de inmigración y Cooperación de la Comunidad Valenciana, Josep María Felip, ha apuntado que la Ley "endosa a las comunidades autónomas y Ayuntamientos las políticas de integración". "La ley necesita un desarrollo reglamentario en profundidad", ha remarcado.
Asimismo, Felip ha denunciado que hay "una contradicción" en el reglamento. Así, ha defendido que si el artículo 15 de la Ley establece que "obtiene la vecindad aquel que está empadronado en un municipio, todo inmigrante se considera vecino y esto genera derechos de acceso a los servicios públicos y municipales". No obstante, ha señalado que "el artículo 53.1 dice que todo inmigrante que carezca de la documentación adecuada está considerado ilegal".
Así, ha indicado que el extranjero podrá ser "multado, detenido e internado en un centro de internamiento y las fuerzas de seguridad del Estado procederán a su detención". "Todo esto es una vulneración de derechos y una intromisión en las competencias de la administración local".
Por otro lado, el viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Gabriel Fernández, ha destacado que "la nueva ley crea un amplio elenco de trámites" que, a su juicio, "hacen más farragoso y complejo el ya de por sí enmarañado sistema burocrático del régimen de Extranjería".
HASTA 300.000 INFORMES ANUALES PARA LA COMUNIDAD DE MADRID
Así, ha explicado que, la realización de informes por parte de las CCAA y entes locales para los trámites de reagrupación, arraigo, renovación de permisos y nacionalización --contemplados por la última reforma de la Ley-- requerirá "una gran dotación de medios materiales, humanos y económicos". En concreto, ha apuntado que en la región madrileña, con 1,1 millones de extranjeros, la ley supondrá "un esfuerzo ingente" para la realización de entre 100.000 y 300.000 informes anuales.
No obstante, Markus González ha asegurado que la Ley de Extranjería no vulnera la distribución de competencias del Estado, pues según ha explicado, la Ley "no da o quita competencias sino que es la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía los que otorgan competencias en este ámbito".
Por último, ha afirmado que "no se puede pedir a la ley que delimite esto claramente porque el alcance de las CCAA y del Estado está siendo clarificado por el Tribunal Constitucional". Así, ha insistido en que la ley "ha interpretado la distribución de competencias que existe en este ámbito y ha reconocido la existencia de competencias autonómicas en el ámbito de la vivienda o de la educación".
