MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, celebra y "acoge de buen grado" que el Gobierno de España se implique en los realojos de habitantes del sector VI de la Cañada Real Galiana y a través del Comisionado regional van a trabajar con todas las administraciones para dar una respuesta a esta problemática.
Así ha respondido al anuncio de la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien ha propuesto este mañana en una reunión mantenida con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acabar con el desmantelamiento de la Cañada Real Galiana en tres años a través de un presupuesto de 200 millones de euros entre todas las administraciones. Y ha avanzado que el Ministerio de Derechos Sociales se ha comprometido a poner 5 millones de euros de momento para realojos.
Un presupuesto que, según González, podría llegar de los fondos europeos de recuperación postCovid. Sobre esto último, la consejera ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que fue ella quien planteó esta posibilidad en la reunión de trabajo que mantuvo con la delegada del Gobierno el 15 de septiembre.
En cuanto a los realojos, Martín ha indicado que ya se realojaron a 130 familias del sector VI a través de un convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y que se prepara otro, que verá la luz dentro de unas semanas, que incluirá un mínimo de 160 familias, medidas en las que han invertido 52 millones de euros. Además, mantienen contacto con el Consistorio de Rivas para firmar un convenio similar.
PLAN PRESUPUESTARIO ANUAL
De esta manera, la Consejería quiere ir completando los realojos de esta zona de la antigua vía pecuaria para realojar a sus habitantes, recogido en el Pacto por la Cañada firmado con un gran consenso en 2017, y convertir en un futuro el sector VI en un gran espacio verde.
La titular regional de Vivienda ha señalado a Europa Press que llevan años trabajando en esta política en la Cañada y aplaude que todas las administraciones se impliquen, por lo que considera que la dotación de 5 millones por parte del Ministerio de Derechos Sociales "es un primer paso", pero solicita un plan presupuestario anual.
Paloma Martín no ha querido dar un plazo para resolver la problemática de la Cañada, que lleva décadas enquistado, y ha remarcado que han propuesto tanto a la Delegación del Gobierno como al resto de las administraciones implicadas presentar una hoja de ruta con plazos y actuaciones para abordar cada una de las materias previstas.
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