MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Asamblea ha aprobado este lunes la constitución de la comisión de investigación de universidades, pese a la negativa del PP, con el objeto de determinar responsabilidades políticas y que establece que puedan acudir a comparecer el presidente, miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, rectores de universidades o responsables de las unidades académicas, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
La comisión ha quedado constituida en la Mesa con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra de los 'populares' que la considera contraria al reglamento de la Cámara.
La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, solicitó a los servicios de la Cámara regional un informe jurídico porque tenía "dudas" con el objeto que han propuesto los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) para constituir una Comisión, pero, según estas mismas fuentes, los servicios jurídicos no han encontrado ninguna incompatibilidad" al permitirse su constitución.
Esta comisión tiene por objeto "investigar", y en su caso, "determinar las responsabilidades políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público (IDP) desde su creación por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre de 2001".
Además, se pretende estudiar "otros potenciales o posibles casos relacionados con la presunta obtención irregular de títulos académicos oficiales en las universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos por parte de cargos públicos". De este modo, se quedan fuera, por ejemplo, los estudios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afectar a una universidad privado.
En la Comisión tienen obligación de comparecer, según lo estipulado en el artículo 75 del Reglamento de la Asamblea, el presidente y los miembros del Consejo de Gobierno, los altos cargos y funcionarios de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus empresas y entes públicos incluyendo las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, los rectores, miembros de los órganos de gobierno y representación.
También, los grupos parlamentarios propusieron que comparezca el profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios, y "cuantas personas y representantes de empresas o instituciones sean citados a comparecer para ser oídos, para informar o para asesorar a la comisión de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo".
No obstante, en la próxima reunión de la Mesa de la Cámara regional se determinarán las reglas que regirán esta comisión, para la que todavía no hay fecha.
