PUERTO DE NAVACERRADA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las obras en la estación de Hospital del Henares de la Línea 7B de Metro, que han obligado a cerrarla este miércoles, tendrán una duración de "en torno a 12 meses" por tratarse de unos trabajos "largos y complejos".
Así lo ha expuesto el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en el Puerto de Navacerrada tras presentar el balance del Plan de Vialidad Invernal.
"Son unas obras que van a ser largas y complejas. Recuerdo que esta Línea ha dado algunos problemas de estructura durante los últimos años y por tanto tenemos que actuar de forma contundente. La duración aproximada prevista en principio, a falta de una evaluación y más detalles, será en torno a 12 meses", ha detallado.
El consejero ha señalado que mientras se ejecuten los trabajos se mantendrá un servicio de autobuses para dar "respuesta a las necesidades de los usuarios".
"Ayer estuvieron todas las personas que trabajan la Consejería y en Metro poniendo en marcha un dispositivo de autobuses que permita dar respuesta al cierre, que es una última estación. Es el final de línea, por lo tanto desde la estación anterior saldrán una línea autobús. Se reforzará para que está lanzadera actúe cada 15 minutos llevando a las personas que quieran acudir al hospital", ha subrayado.
DEMANDAS AMIANTO
Por otra parte, tras ser preguntado por la decisión de los sindicatos de continuar este jueves con las movilizaciones de apoyo a los trabajadores de Metro por las demandas sobre el amianto, ha indicado que "hay que dejar trabajar la Justicia" que es quien "va a tener todos los elementos de Juicio" para "poder determinar las responsabilidades, si las hubiere".
"En cuanto a las familias de las víctimas, en su caso de trabajadores con una enfermedad profesional reconocida por la propia empresa, lo que vamos a hacer es cambiar un poco el paradigma y que se marquen los baremos en cuanto a la indemnización que se va a dar", ha puntualizado.
Asimismo, Garrido ha añadido que si hay "reclamaciones a mayores", tendrán que solicitar al juez que determine la "cantidad exacta que se debe dar".
"Creo que una empresa, y una empresa pública, al final es lo que piensan de ella y lo que opinan de ella sus trabajadores y queremos que se sientan atendidos cuando están trabajando, pero también en caso de que pueda ocurrir una desgracia como es un accidente laboral o una enfermedad laboral, que sepan que sus familias van a estar atendidas", ha concluido.
