La oposición exige que los recortes no causen despidos, y el Ayuntamiento replica que los trabajadores son la prioridad

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Madrid exigieron hoy al Gobierno local que los recortes de un 15 por ciento de media que están negociando en todos los contratos no supongan despidos, mientras los responsables del Ejecutivo aseguraron que los trabajadores son su principal prioridad.

Así se manifestaron hoy tanto el delegado de Hacienda, Juan Bravo, como la de Medio Ambiente, Ana Botella, durante sus respectivas comisiones ordinarias, que se centraron fundamentalmente en cómo afectarán los recortes anunciados por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, a cada área de Gobierno y, especialmente, a los ciudadanos que reciben esos servicios, muchos de ellos adjudicados a empresas privadas.

En concreto, el edil de IU Daniel Morcillo opinó que "no es el momento de reducir gastos o servicios públicos" y recomendó que "si las empresas se han lucrado los últimos 20 años, deben ser ellas las que soporten los retrasos de los pagos sin echar a trabajadores".

En este sentido, el edil del PSOE Pedro Santín apuntó que la empresa de recogida de basuras ha visto incrementado en un 58 por ciento su canon en los últimos años y que las de limpieza viaria cobran ahora 186 millones de euros más que hace seis ejercicios.

Por su parte, el portavoz socialista en asuntos de Hacienda, Pablo García-Rojo, criticó la decisión de recortar en servicios públicos y no en otros "gastos superfluos", y opinó que "no se debe superar la crisis alejándose del Estado de Bienestar", a lo que Bravo replicó que "hablar del Estado del Bienestar con un 20 por ciento de parados es incongruente".

RECOGIDA DE BASURAS

El primero de los contratos que ha generado polémica entre los grupos municipales ha sido el de la recogida de basuras. A este respecto, Bravo recordó que la negociación laboral y la modificación del contrato son "dos procesos separados", y defendió que el Ayuntamiento "ni puede ni debe" interferir en el primero.

Por su parte, Botella felicitó a ambas partes por alcanzar un acuerdo y no llegar a la huelga, y aseguró que "no se va a despedir a ningún trabajador" de este servicio, aunque no respondió a las preguntas de la oposición sobre cómo se configurará finalmente.

Así, sólo mencionó que el acuerdo "excluye despidos, incluye la congelación de salarios durante dos años, amplía el fraccionamiento de las vacaciones, limita la obligatoriedad de ascensos para los conductores y acepta la propuesta de realizar la recogida de envases en días alternos".

Por parte de la empresa, "habrá ajustes complementarios en la prestación del servicio, se reducirá el canon por la bajada de las toneladas recogidas --un 7 por ciento el año pasado y otro 7 por ciento aproximadamente este ejercicio--, y se revisará el precio de cada tonelada". "Eso hará posible que la reducción del coste del servicio se aproxime al 12-13 por ciento, cercano al objetivo fijado", zanjó la responsable municipal.

Con respecto a la afectación de esta decisión en la Tasa de Basuras, Bravo explicó que "la tarifa se fija con carácter anual", por lo que las rebajas del contrato "en ningún caso afectarán a la tarifa de este año".

NO INTERVENIR

Botella también insistió en que el Consistorio no debe intervenir en este tipo de negociaciones sino limitarse a "fijar unos parámetros sobre la reducción del servicio y los criterios a aplicar".

"La gestión del personal es responsabilidad de las adjudicatarias de cada contrato, que pueden negociar con los trabajadores sus condiciones laborales para realizar los ajustes. El Ayuntamiento sólo determina qué prestaciones se modifican y en qué cuantía, pero no le corresponde ni decidir ni informar sobre si la empresa opta por ajustar los salarios, el número de trabajadores o cualquier otra práctica", afirmó.

En cualquier caso, insistió en que "el mantenimiento de los puestos de trabajo es un objetivo prioritario en las conversaciones con las empresas", aunque rechazó la propuesta de IU de "exigir o amenazar con la rescisión de los contratos para que no haya despidos".

"Si alguien se va a la calle será por su gestión, señora Botella", acusó la edil de IU Raquel López, a lo que la delegada de Medio Ambiente replicó que las causas de la situación y, por tanto, de los posibles despidos, es del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de su Real Decreto Ley para ajustar el déficit y del "incumplimiento" de sus compromisos con las haciendas locales para mejorar su financiación.

Además, reconoció que mientras se negocian los contratos con las concesionarias se genera "incertidumbre" a los trabajadores, pero apuntó que, "desgraciadamente, los trabajadores llevan en zozobra permanente dos o tres años" por culpa de "Zapatero y su Gobierno".

OTROS SERVICIOS

Sin embargo, IU y PSOE manifestaron su preocupación con respecto a los recortes de otros contratos. Así, Raquel López preguntó por el contrato de limpieza viaria, cuya modificación "podría dejar en la calle a entre 900 y mil trabajadores".

En este sentido, Botella insistió en que aún se están manteniendo las negociaciones, aunque reiteró que "eso no tiene por qué traducirse en una disminución de personal". "Este Ayuntamiento está examinando contrato a contrato para ver qué se puede eliminar por superfluo o tener menor reflejo en los empleos", apostilló.

A esto, IU reclamó que "los servicios sean cien por ciento públicos" e insistió en que se pidan los esfuerzos a las concesionarias. "Si yo fuera delegada de Medio Ambiente nadie iría a la calle", afirmó la portavoz en el área, Raquel López.

Por su parte, el edil Pedro Santín (PSOE) aseguró que al equipo de Gobierno "le importan muy poco los ciudadanos y la calidad de los servicios, sólo le importa el dinero", y afirmó que "hay contratos con margen suficiente para reducir el importe y reajustar el servicio sin afectar su calidad, y hay otros que son directamente un auténtico despilfarro".

Tras acusar a Botella de "improvisación" con las medidas, insistió en que "da vergüenza" que se paguen 7,2 millones de euros anuales por el cambio y mantenimiento de papeleras, o que los alquileres de oficinas se lleven más de 5 millones anuales. "A ustedes que han sido tan generosos con las empresas les pedimos que si hay que aplicar recortes por la crisis los ajusten con ellas, y no perjudiquen ni la calidad del servicio ni al empleo", añadió.

PROPUESTAS

A continuación, los dos grupos plantearon algunas alternativas para reducir el gasto, tales como "exigir a la Comunidad de Madrid que pague las competencias impropias --unos 1.000 millones al año--; subir el IBI en los tramos de las rentas más altas, cobrar una tasa a los bancos por usar espacio público, cobrar una tasa de basuras a los grandes generadores o imponer una tasa turística", según IU.

Además, la coalición de izquierdas también sugirió incorporar cláusulas sociales en los contratos y apostar por el 'tercer sector', es decir, el coperativismo, que "genera más empleo, de más calidad y más estable que otras empresas, y además revierten sus beneficios en la sociedad".

Ante estas propuestas, el responsable de Hacienda replicó que se están estudiando fórmulas alternativas como prorrogar las cesiones a largo plazo (como la de Valdemingómez) durante unos años más y recortar el contrato, para que el beneficio global de las concesionarias sea similar y no sean necesarios los despidos; o utilizar de forma más eficiente el espacio en las dependencias municipales, posibilidad limitada por la normativa de prevención de riesgos y salud laboral.

"Todos hemos cometido errores en todos los niveles de la Administración; todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero las administraciones locales somos las que menos margen tenemos a no ser que el Gobierno de la Nación rectifique", concluyó Bravo.