El Plan Alquila, con más de diez años, ha ayudado a más de 140.000 madrileños en el alquiler de una vivienda

El Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez. Archivo.
El Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez. Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Publicado: martes, 2 junio 2020 11:10

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Alquila, como soporte de seguridad al mercado del alquiler, "ha beneficiado a más de 140.000 madrileños desde su puesta en marcha hace más de una década", ha destacado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, durante el Foro de Economistas Inmobiliarios.

Dicho Plan conecta un conjunto de viviendas disponibles con demandantes de vivienda en alquiler. Ofrece servicios tanto a propietarios como a inquilinos, y destaca el asesoramiento personalizado, el seguro de impagos durante un año, la asistencia jurídica gratuita, o la cláusula de sometimiento al arbitraje, en caso de conflicto, a través del Consejo Arbitral.

En el Foro, Pérez ha defendido la "necesaria" colaboración público-privada a la hora de reactivar el sector inmobiliario tras la crisis provocada por la Covid-19. El consejero ha respaldado el entendimiento entre los sectores público y privado, y lo ha considerado como el medio más eficaz para movilizar todos los recursos disponibles para reactivar el sector, "con el fin último de generar vivienda pública digna a un precio asequible".

"Una vez que hayan sido atendidas aquellas situaciones de urgencia originadas por la Covid-19, es esencial reforzar el apoyo al sector de la vivienda y favorecer el retorno a la normalidad económica, recuperando el empleo perdido", ha señalado el consejero, quien ha recordado que, antes de la crisis, el sector inmobiliario ya estaba "dando señales de requerir una mayor agilidad y una menor rigidez".

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno madrileño "ha asumido la responsabilidad en la agilización de los trámites de las licencias y la digitalización de los procedimientos, mediante una mayor modernización administrativa, además de producir suficiente suelo que sea capaz de absorber la creciente demanda".

David Pérez ha abogado por un trabajo conjunto "para hacer real ese derecho constitucional del derecho a la vivienda, y para ello se necesita más oferta, pero también hay que avanzar muchísimo en cuestiones como financiación, seguridad, y tantas otras cuestiones que se pueden desarrollar juntos y demostrar así unos compromiso de servicio público, otros responsabilidad social, y todos interés en servir a los ciudadanos".

El titular de Vivienda ha subrayado el compromiso de la Comunidad de Madrid para completar el Plan Vive Madrid, que trabaja para movilizar sus suelos de titularidad pública, hasta 1,2 millones de metros cuadrados en 43 municipios, "mediante concesiones administrativas, dirigidas a ofrecer un alquiler asequible, a precios inferiores a los de mercado, especialmente a los más jóvenes".

PACTO REGIONAL POR LA VIVIENDA

El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha propuesto recientemente, tanto a los principales agentes inmobiliarios madrileños como a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid, suscribir un gran Pacto Regional por la Vivienda, sustentada en seis pilares básicos como la fiscalidad en materia de vivienda; el desarrollo de políticas fiscales que bonifiquen y promuevan esta actividad; y generar más vivienda social, introduciendo condiciones que favorezcan su promoción.

En este punto, la Comunidad de Madrid pretende contar en un futuro próximo con 1.500 nuevas viviendas sociales, que se sumarán a las más de 23.200 ya existentes. La tercera de las medidas del futuro Pacto es la modernización administrativa, encabezada por la modificación de la actual Ley del Suelo, para garantizar una mayor agilidad en las tramitaciones, favoreciendo la administración digital urbanística. También sería necesaria una mayor seguridad jurídica, especialmente dirigida a la promoción y a la gestión del alquiler.

Sobre este asunto, Pérez ha alertado nuevamente sobre el "perjuicio" que puede causar una intervención directa en el mercado del alquiler, topando los precios, tal y como ha propuesto el Gobierno central, y que ha evidenciado su fracaso en ciudades tan relevantes como París o Berlín. El acuerdo contemplaría además que el sector disponga de una financiación suficiente y estable, con un sistema financiero e hipotecario que permita la promoción de viviendas en régimen de compra y de alquiler, en el que compradores, arrendatarios y promotores encuentren facilidades.