Concentración de las trabajadoras de escuelas infantiles en huelga frente a la Consejería de Educación - EUROPA PRESS
MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid que investigue las presuntas coacciones sufridas por trabajadoras después de que sus datos personales fueran remitidos a las empresas concesionarias y ha defendido que el Consistorio podía haber comprobado por otros medios su vinculación laboral con las escuelas a raíz de los recursos de reposición.
Así lo ha señalado una de las portavoces de la plataforma, Lucía Martínez, durante una concentración celebrada este miércoles ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que ha congregado a medio centenar de personas al grito de 'El 0-3 no llega a fin de mes'.
Las trabajadoras mantienen desde el pasado 7 de abril una huelga indefinida para exigir mejoras salariales, la implantación de la pareja educativa, una reducción de las ratios y mejores condiciones en los contratos de gestión de las escuelas infantiles.
Las declaraciones de Martínez llegan después de que la Oficina de Protección de Datos del Ayuntamiento concluyera que el Consistorio actuó "conforme a derecho" al trasladar íntegramente a las empresas los recursos de reposición presentados por las trabajadoras, incluida la identidad de las recurrentes. Estos recursos habían sido registrados para tratar de paralizar las prórrogas de los contratos de gestión de varias escuelas infantiles municipales.
Martínez ha sostenido que el hecho de que el procedimiento pueda tener cobertura legal no implica que el Ayuntamiento no pudiera haber actuado de otra manera para proteger a las trabajadoras.
"Que sea legítimo o legal no significa que esté bien hecho", ha afirmado a los medios, antes de apuntar que el Consistorio podría haber anonimizado los documentos o solicitado a las empresas un listado de sus empleadas para comprobar si quienes habían presentado los recursos trabajaban en los centros afectados.
"Había otras maneras de comprobarlo. No hacía falta decirle a las empresas quién había presentado el recurso", ha recalcado la portavoz.
PRESIONES EN LAS ESCUELAS
PLEI sostiene que, después del traslado de los datos, varias trabajadoras sufrieron presiones por parte de responsables de las escuelas o de las empresas adjudicatarias.
Según Martínez, estas presiones se habrían producido principalmente mediante reproches dirigidos a hacer sentir culpables a las educadoras por la huelga y por las posibles consecuencias del conflicto para los centros y las familias.
La portavoz ha relatado que se les habría acusado de preocuparse únicamente por su salario y no por la infancia, además de advertirlas de que algunas escuelas podrían verse obligadas a cerrar como consecuencia de sus reivindicaciones.
"Llevamos años soportando sobre nuestras espaldas que con la vocación se paga todo, que nuestra responsabilidad es el amor por la infancia y por nuestra profesión", ha lamentado, para añadir que las educadoras quieren "vivir" y hacer su trabajo "lo mejor posible".
EXIGEN QUE SE CONTACTE CON LAS AFECTADAS
De este modo, la plataforma ha pedido que se abra una investigación para determinar qué trabajadoras sufrieron presiones, qué empresas estarían implicadas y cuáles han sido las consecuencias.
Martínez ha reprochado al Gobierno municipal que, hasta el momento, nadie se haya puesto en contacto con PLEI ni con las afectadas para recabar información sobre lo sucedido. "Nadie nos ha llamado para preguntarnos quiénes son, qué empresas son o qué trabajadoras han sufrido estas situaciones", ha denunciado.
En este sentido, ha reclamado que el Ayuntamiento no se limite a determinar si el traslado de los recursos se ajustó formalmente a la normativa, sino que analice también sus efectos posteriores.
"Que haya sido legítimo no significa que no haya tenido consecuencias", ha incidido Martínez, quien ha recordado que el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, señaló que, en caso de haberse producido coacciones, estas podrían ser constitutivas de delito. "Queremos que se investigue y que gestionen lo que ha ocurrido", ha insistido.
La portavoz ha defendido además la necesidad de controlar la actuación de las empresas que gestionan servicios públicos. "Hay que fiscalizar a las empresas a las que se les está dando dinero público", ha aseverado.
NUEVOS PLIEGOS EN LUGAR DE PRÓRROGAS
Por otro lado, Martínez ha reclamado a la Comunidad y al Ayuntamiento que paralicen las prórrogas de los contratos de gestión de las escuelas infantiles y convoquen nuevas licitaciones que incorporen las reivindicaciones de las trabajadoras.
La portavoz ha explicado que, cuando un contrato se prorroga, se mantienen las condiciones establecidas en los pliegos originales. En cambio, la convocatoria de una nueva licitación permitiría introducir obligaciones diferentes para las empresas adjudicatarias.
"Podrían parar los contratos que se están prorrogando, generar unos pliegos acordes con las cosas que pedimos y comenzar nuevas licitaciones", ha señalado.
Entre las medidas que podrían incorporarse a esos pliegos, Martínez ha citado complementos salariales y la implantación de la pareja educativa, con dos profesionales en cada grupo. "Ahí es donde las instituciones pueden hacer las mejoras que estamos pidiendo", ha defendido.
La plataforma reconoce que resulta más complicado modificar las condiciones de contratos que ya están en vigor, pero sostiene que las administraciones tienen margen de actuación en aquellos cuya prórroga todavía no se ha formalizado. "Lo que pedimos precisamente es que, ya que estamos en huelga, no hagan más prórrogas, saquen nuevas licitaciones y escuchen nuestras reivindicaciones para incluirlas en los nuevos pliegos", ha resumido.
SIN FECHA PARA UNA NUEVA REUNIÓN
PLEI también reclama que el departamento liderado por la consejera Mercedes Zarzalejo deje por escrito y calendarice los compromisos trasladados a las trabajadoras. "Queremos que esté por escrito para que el año que viene sepamos que en todas las aulas habrá dos tutoras en cada grupo", ha explicado Martínez.
Según ha indicado, ni la Comunidad ni el Ayuntamiento les han ofrecido una fecha para mantener una nueva reunión. Pese a encontrarse en huelga desde el pasado 7 de abril, Martínez ha asegurado que las trabajadoras no prevén regresar a las aulas mientras no se produzcan avances. "Tenemos claro que no vamos a volver hasta que las condiciones mejoren", ha afirmado, antes de advertir de que el desgaste económico puede obligar a muchas educadoras a abandonar la profesión.
MAROTO PIDE A ALMEIDA QUE "ASUMA SU RESPONSABILIDAD"
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha participado este miércoles en la concentración, donde ha acusado al Gobierno municipal y a la Comunidad de dar la espalda a las educadoras tras más de tres meses de huelga.
En declaraciones a los medios, Maroto ha defendido que las trabajadoras no reclaman privilegios, sino "dignidad en sus condiciones laborales", así como una educación de calidad durante la etapa de cero a tres años.
La portavoz socialista ha reprochado a Almeida que continúe prorrogando los contratos de gestión de las escuelas mientras se mantiene la huelga, perpetuando, a su juicio, los salarios precarios. "Le pido que rectifique, que asuma su responsabilidad y que se siente con las trabajadoras", ha señalado.
Maroto ha acusado además al alcalde de optar por la confrontación en lugar de ofrecer soluciones y le ha reclamado que atienda unas reivindicaciones que afectan también a las familias y a los menores. "El ánimo no decae. Tienen resistencia, pero, sobre todo, tienen dignidad", ha concluido.