Archivo - Obras en el nuevo barrio de Los Berrocales, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo
MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP en la Asamblea de Madrid ha tumbado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid y PSOE en la Cámara autonómica contra el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER), que sigue ahora con la tramitación parlamentaria.
El proyecto de norma, aprobado en Consejo de Gobierno durante el verano, busca facilitar la construcción de más viviendas y reducirá la burocracia, disminuyendo los tiempos de la tramitación urbanística de 12 a 4 años.
Entre las principales novedades de LIDER destaca un nuevo modelo de Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirá a los ayuntamientos aprobar su planificación urbanística en un plazo de entre cuatro y seis años. Igualmente Igualmente, LIDER actualizará también la normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, vigente desde hace casi 30 años, para adaptarla a la realidad actual del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos que acoge la región.
Además, las localidades de más de 20.000 habitantes serán las encargadas de autorizar las actuaciones de carácter excepcional que se celebren en su término municipal. Igualmente, actualiza el régimen de sanciones y prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios habilitados para ello.
Para defenderla, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha subrayado que la ley LIDER es "la culminación del proyecto integral de desarrollo" de la región, que recoge "la experiencia acumulada, ordena las reformas y ofrece un sistema completo para las próximas décadas".
Con ella, ha defendido que se ofrece una "verdadera planificación territorial" a nivel regional, que hasta ahora era "prácticamente inviable".
"La estrategia territorial ofrecerá un diagnóstico común de la Comunidad de Madrid, fijará objetivos y coordinará las grandes decisiones sobre viviendas, infraestructuras, movilidad, actividad económica, paisaje y protección ambiental", ha subrayado, a la vez que ha puesto el foco en que el urbanismo va a determinar si una familia encuentra vivienda "a precio razonable" o si un municipio dispone de colegio o centro de salud.
De su lado, la diputada de Vox Beatriz Tejero espera que esta nueva norma no quede en "lentejas" y ha defendido que, aunque algunos objetivos son compartidos como agilizar la tramitación y apoyar a municipios, su redacción genera "cierta inseguridad jurídica".
Sin embargo, ha subrayado que devolver la ley solo retrasaría el suelo y la vivienda que dice querer movilizar y cree que lo responsable ""es tramitarla y corregirla con enmiendas parciales".
LA IZQUIERDA CRITICA QUE SE QUIERA "PRIVATIZAR SUELO"
Por contra, el diputado socialista Javier Guardiola ha cargado contra esta norma que va "a privatizar el suelo y el urbanismo" y ha reprochado que durante su tramitación no se haya optado por el "consenso" y por hablar con ayuntamientos o agentes sociales afectados.
Así, ha afirmado que con esta norma se va a generar un "urbanismo de dispersión" con urbanizaciones sin servicios ni infraestructuras, se van a "eliminar las competencias urbanísticas" de los consistorios, y se va a aumentar el riesgo de incendios por no atender a la crisis climática al tiempo que "no va a generar un mayor bienestar a los ciudadanos porque va a haber una falta de planificación de las infraestructuras y de los servicios".
También ha sido muy crítico el diputado Juan Varela Portas, quien considera que esta norma "oculta un proyecto de región desalmada y desquiciada" porque la norma "pone el interés particular de los propietarios y promotores" por encima del interés general y el planeamiento público.
Ha señalado que elimina los planes de urbanismo y los sustituye por proyectos en los que el promotor individual "decide qué hacer con la ciudad y el territorio" al tiempo que se "privatiza no solo la vigilancia urbanística" sino también la medioambiental. "Tendremos a empresarios haciendo rápidamente trámites urbanísticos y medioambientales para otros empresarios (...) El resultado, redes clientelares creciendo sin freno en la región de Madrid", ha rematado.