Primera sentencia que da la razón a un afectado de la 7B en San Fernando por la baja indemnización de los daños sufridos

La Comunidad recalca su "ánimo" de resarcir a los afectados y subraya que ha valorado a lo máximo que le permitía la ley todas las viviendas

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid ha dado la razón a un afectado por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares y ha ordenado incrementar la indemnización por los daños ocasionados.

Así lo determina en una sentencia fechada el pasado 30 de junio, consultada por Europa Press, en la que reconoce el derecho a incrementar las indemnizaciones reconocidas en vía administrativa por lo daños en una plaza de garaje ubicada en la calle Rafael Alberti de la citada localidad.

En este sentido, el magistrado mandata a la Comunidad de Madrid a pagar la cantidad que exigían los afectados según su propia tasación y reconoce y cuantifica el daño moral, ordenando también su indemnización.

Desde la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa, personada como recurrente en la causa, han tildado de "un precedente muy positivo" este primer pronunciamiento de la justicia para que se reconocieran las tasaciones reales de las propiedades y el daño moral sufrido, en este caso, por la pérdida de una plaza de garaje.

"Nuestros peritos presentaron una tasación acorde al valor de mercado, mientras que la Comunidad de Madrid ofrecía valoraciones por debajo del mercado, con las que no estábamos de acuerdo", ha explicado el presidente de la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa, Juan Fuentes.

En concreto, los afectados reclaman a la Comunidad de Madrid que al menos las compensaciones se ajusten al valor del mercado de las viviendas, dado que las cantidades que les dan son a su juicio ínfimas para afrontar el coste actual de una casa. El colectivo exige al Gobierno regional una compensación mayor a la que recibieron por los daños en sus viviendas.

Las indemnizaciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid oscilan entre 136.000 y 355.000 euros, con compensaciones adicionales de 10.000 a 33.000 euros por garaje. Frente a ello, los vecinos consideran insuficientes estas indemnizaciones, dado que el precio de las viviendas en esta zona asciende a unos 250.000 euros.

Según ha indicado Fuentes a Europa Press, uno de los puntos de conflicto era el no reconocimiento del daño moral, "algo especialmente grave en los casos donde, además de la vivienda, se perdieron otras propiedades". En este sentido, han subrayado que se trata de la primera sentencia de la primera vista celebrada en mayo y firme, por lo que no cabe recurso alguno.

"Esta resolución representa mucho más que una victoria individual: es un paso firme en el reconocimiento de los derechos de las cientos de familias afectadas que decidimos dar un paso adelante y demandar a la Comunidad de Madrid por la situación que provocó el derribo de viviendas, locales comerciales y plazas de garaje", han subrayado desde la asociación de afectados.

Los afectados llevaron las "ínfimas" indemnizaciones por los derribos de sus viviendas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un procedimiento contencioso que aglutina un total de 28 demandas vecinales.

Tras conocer esta decisión, Fuentes ha subrayado que las vistas celebradas ante el Tribunal Superior de Justicia no tardarán en resolverse, y confiamos en que seguirán el mismo camino que este primer pronunciamiento.

"Hoy podemos decir con orgullo que se ha hecho justicia, y que todo el esfuerzo, la constancia y la organización de estos años ha valido la pena. Siempre defendimos que la Comunidad de Madrid no estaba actuando correctamente, y esta sentencia nos da la razón", han subrayado desde la asociación.

EL MÁXIMO LEGAL

En declaraciones a los medios tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, ha subrayado que la Comunidad de Madrid ha dado "siempre" el "máximo legal" en estas indemnizaciones. "Y, por supuesto, también respetando ese derecho de las familias que no se vean suficientemente resarcidas a que puedan reclamar judicialmente, y cuando las sentencias sean firmes, como no puede ser de otra manera, serán acatadas por este Gobierno".

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno regional "ha hecho todo lo que estaba en su mano", "ha valorado a lo máximo que le permitía la ley todas estas viviendas, incluso incluyendo ese resarcimiento por esos daños morales" y su "ánimo" es "resarcir a todas las familias y trabajar para que cuanto antes puedan recuperar la normalidad".

"Desde hace muchísimo tiempo se está viendo cuál es la verdadera voluntad de este Gobierno, que es trabajar, invertir, y, como digo, que estas familias cuanto antes puedan recuperar esa normalidad perdida", ha insistido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.

En este sentido, desde la Comunidad de Madrid se ha recordado en reiteradas ocasiones que las valoraciones que se realizan en los expedientes de responsabilidad patrimonial se basan en "criterios jurídicos y técnicos" y, en este caso, con informes de tasación realizados por empresas avaladas por el Banco de España.

Así, han recalcado que, además de incluir el valor de la vivienda, en los expedientes también se contemplan los daños y perjuicios ocasionados por el desalojo y posterior derribo, gastos de mudanzas, guardamuebles y pérdida de muebles y enseres que quedaron en la vivienda. En este sentido, también recoge el daño moral y el lucro cesante.

En cualquier caso, desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han recalcado que los vecinos afectados están en su derecho de realizar las acciones judiciales que consideren oportunas si no están de acuerdo con la valoración realizada. "El Gobierno de la Comunidad Madrid respeta esta decisión, así como el proceso judicial que se deriva de estas acciones", ha remarcado a Europa Press.

MÁS MADRID VE UN RECONOCIMIENTO DEL SUFRIMIENTO

Tras conocerse esta decisión, desde Más Madrid han subrayado que se trata de "un paso en el reconocimiento del sufrimiento de las y los vecinos de San Fernando y de la negligencia del PP en la Comunidad de Madrid".

"No vamos a dejar de pelear hasta que se reconozca y repare a las familias afectadas por las obras de la línea 7B de Metro", han trasladado desde la formación en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X'.