"La conclusión de esta crisis es que la inversión en tecnología resulta ser muy rentable por su claro beneficio para los ciudadanos", dice su decano
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego Quevedo, se ha mostrado en contra de habilitar el mes de agosto para que siga el trabajo en los juzgados, como propone el Poder Judicial, al considerar que "no tendrá repercusión significativa si las plantillas judiciales no están al 100%, y formadas" en su integridad, si bien sí estaría a favor de la ampliación de horarios dado que "la procura estará dispuesta a realizar los esfuerzos necesarios para la agilización de la Justicia".
Así lo ha manifestado el decano de los procuradores madrileños en una entrevista a Europa Press en la que en primer lugar ha querido trasladar las condolencias de la institución que dirige por "tantas pérdidas de seres queridos en estos momentos tan difíciles y, por supuesto, a las familias de los procuradores que también se han visto afectadas".
Durante estas semanas de paralización parcial de la actividad judicial, De Diego Quevedo ha señalado que las principales dificultades a las que se han visto sometidos han sido "la imposibilidad de realizar su trabajo en beneficio de los justiciables" y "la imposibilidad de generar ingresos" debido a las limitaciones que se establecieron en el Real Decreto sobre el estado de alarma con relación a la presentación de demandas y escritos.
En este punto, ha detallado que esta situación económica se ha traducido en la presentación de ERTES en algunos casos para poder mantener los puestos de trabajo de los despachos.
En cuanto al colegio, ha destacado que ha podido mantener "un alto nivel de funcionamiento" de actividad tanto pública como de atención a procuradores durante estas semanas "gracias al magnífico trabajo del departamento de informática al dotar de todas las medidas necesarias para poder dotar al personal del ICPM de herramientas para el teletrabajo".
GARANTIZAR LA SALUD
De cara a la reactivación del funcionamiento de los juzgados y tribunales madrileños, los procuradores esperan que "las medidas que se acuerden permitan garantizar la salud de todos los intervinientes en el día a día" de la Administración de Justicia" madrileña.
"Los procuradores, como colaboradores imprescindibles con la Justicia, se encuentran preparados para los desafíos que se les propongan, estando dispuestos a colaborar para la efectiva agilización de la justicia", ha recalcado.
Además, ha recordado el alto grado tecnológico que tienen los profesionales de la procura en materia de notificaciones, actos de comunicación, subastas y otras áreas de su competencia.
"Esperemos que nos tengan en cuenta en esa ya vieja reivindicación de la ejecución", ha señalado el decano, recalcando que "sería muy importante" que se unifiquen criterios, sobre todo en materia de plazos procesales.
Asimismo, ha detallado que la Junta de Gobierno ha diseñado un plan de trabajo con vistas a la vuelta de los colegiados a los juzgados implementando medidas como disponer de mascarillas, geles, guantes.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
También se está trabajando en un protocolo de actuación dentro de las 24 sedes que dispone el ICPM en la Comunidad de Madrid, para disponer de pantallas separadoras y limitar el aforo dentro de las mismas. Otra medida importante que creen que va a ser adoptada por parte de las autoridades es la no necesidad del uso de la toga en las vistas.
En cuanto a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de habilitar el mes de agosto, De Diego Quevedo ha señalado que el Consejo General de Procuradores ya ha manifestado su oposición a que se declare hábil por considerar que esta medida "no agilizará el retraso en la administración de Justicia", al igual que cree el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de Graduados Sociales.
En el supuesto de que esta medida sea aprobada por el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, desde el colegio entienden que no tendrá repercusión "significativa si las plantillas judiciales no están al 100%, y formadas, por supuesto, por jueces titulares, fiscales, secretarios judiciales y otro personal necesario. Con respecto a la ampliación de horarios, ha subrayado que la procura estará dispuesta a realizar los esfuerzos necesarios para la agilización de la Justicia.
Asimismo, ha celebrado que el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial hayan escuchado sus peticiones para poder presentar demandas y escritos desde el pasado 15 de abril.
También ha querido agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, por estar en permanente contacto con el Colegio de Procuradores de Madrid, que le ha informado de todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde el primer minuto para gestionar esta difícil situación provocada por la Covid-19.
PREPARADOS PARA LA AVALANCHA
Por otro lado, el decano ha indicado que el colegio dispone de una aplicación, SIRENO (Sistema de Reenvío de Notificaciones), único en toda España, que les permite afrontar con tranquilidad los volúmenes de notificaciones que se puedan producir con la vuelta a la actividad.
Este sistema reparte una media aproximada de 30.000 notificaciones de Lexnet diarias, tanto del territorio Ministerio, como del autonómico; cuando la situación lo ha requerido, se ha llegado a picos de más de 45.000 notificaciones al día.
"Entendemos muy necesario que se dote a juzgados y tribunales de refuerzos, funcionarios, letrados de la administración de Justicia, fiscales y jueces", ha señalado a preguntas sobre medidas a implementar de cara a la avalancha de asuntos que asumirán los tribunales, un carga de trabajo que se acumulará a los retrasos generados por estos meses de parón judicial.
Asimismo, De Diego Quevedo ha elogiado el esfuerzo que durante estos últimos años ha estado realizando la Comunidad de Madrid para modernizar la administración de Justicia, desde los medios tecnológicos a las sedes, ya que también ha habido "un notable esfuerzo en adaptarlas y concentrarlas".
"Todos debemos sacar conclusiones de esta durísima crisis y realizar un esfuerzo aún mayor para dotar a la administración de Justicia de todos los recursos necesarios: equipos informáticos que permitan el teletrabajo de funcionarios, jueces, letrados de la Administración de Justicia o Fiscales; modernización de los sistema de gestión procesal (lo mejor sería la unificación en todo el territorio nacional), expediente digital, etc", ha reseñado.
Por ello, considera que el Gobierno debería pensar más en la modernización de la Justicia y de todas las administraciones públicas, aludiendo a las dificultades de otras administraciones para atender las ayudas aprobadas, o la gestión de los ERTES. "Tenemos que extraer conclusiones de esta grave crisis y, en mi opinión, la principal es que la inversión en tecnología resulta ser muy rentable, pues redunda en un claro beneficio para todos los ciudadanos", ha concluido.
