PSOE e IU-ICV-CHA piden a Posada rescindir el contrato con Arturo Fernández si se confirma cualquier irregularidad

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han pedido este martes al presidente del Congreso, Jesús Posada, que proceda a rescindir la concesión otorgada al grupo hostelero de Arturo Fernández si se confirman los supuestos pagos en B del vicepresidente de la CEOE a sus empleados.

La responsable del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Soraya Rodríguez, ha hecho esta solicitud en una rueda de prensa subrayando que, para contratar con una administración pública, "hay que estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda".

UNA CARTA PARA POSADA

La misma demanda ha realizado su homólogo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, en una carta que ha enviado a Posada, en la que se hace eco de las informaciones que están apareciendo en los últimos días, según las cuales Fernández habría estado pagando en dinero negro a sus empleados los complementos salariales correspondientes a las horas extra y de responsabilidad.

En la misiva, la Izquierda Plural señala que pese a que el presidente del Grupo Arturo Cantoblanco ha negado dichas acusaciones y ha asegurado que todos sus trabajadores tienen incluidas las horas extra en su nómina, los precedentes "no son favorables" a Fernández.

De hecho, recuerda que el pasado mes de diciembre la Tesorería General de la Seguridad Social presentó en la Asamblea de Madrid un embargo de facturación por más de 400.000 euros contra la empresa de Arturo Fernández por las deudas líquidas contraídas frente ala Seguridad social que se remontan a marzo de 2012.

PODRÍA TRATARSE DE "UN FRAUDE CONTINUADO" A HACIENDA

Centella ha indicado que, de ser ciertas estas prácticas, se estaría hablando de "un fraude continuado" a Hacienda y a la Seguridad Social y de un delito contra los derechos de los trabajadores, por lo que ha reclamado a Posada que promueva la intervención de la Inspección de Trabajo para que se investigue la eventual veracidad de las acusaciones contra Fernández.

"Y, en caso de que se confirmen --añade--, la Mesa de la Cámara proceda a la rescisión de la concesión otorgada a la citada empresa y se licite de nuevo, siempre en condiciones que salvaguarden íntegramente los derechos de los trabajadores".

De momento lo que ha decidido el presidente del Congreso es encargar a la comisión de contratación del órgano de gobierno de la Cámara que estudie cuál es la situación de la empresa de Fernández para decidir si toma alguna decisión en torno a este asunto.