PSOE e IU piden una solución social y medioambiental para la zona en el primer trámite parlamentario de la Ley

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid apostaron hoy por dar prioridad también a los aspectos sociales y medioambientales para solucionar el problema de los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana, y no sólo tratar la desafectación de los terrenos.

Tras la designación hoy por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Asamblea de los miembros de la Ponencia encargada de informar sobre el Proyecto de Ley 5/2009 sobre la Cañada Real Galiana, el portavoz socialista, Antonio Fernández Gordillo, recordó que el pasado 8 de octubre su Grupo presentó una Proposición de Ley "que pretendía dar una solución integral a los problemas de todo tipo que sufren las más de 20.000 personas que viven en la Cañada Real".

Ahora, Fernández Gordillo anunció que han presentado 20 enmiendas al proyecto de Ley para dar un tratamiento integral a la problemática de la vía pecuaria en los aspectos sociales, urbanísticos y medioambientales, y esperó que la desafectación de los terrenos "no suponga la desaparición de una vía verde que una los municipios de Coslada, Rivas y Madrid con el Parque del Sureste".

"El proyecto del Gobierno sólo tiene el objetivo de la desafectación pasando la patata caliente a los ayuntamientos. Tiene que crear instrumentos que ayuden a solucionar los problemas en las tres vertientes. La desafectación no sólo tiene que ser un instrumento para intervenir, sino para salir corriendo, que es lo que hace la Comunidad de Madrid con este proyecto de Ley", añadió.

Por su parte, la portavoz de IU Reyes Montiel propuso incorporar todos los aspectos que se han quedado fuera de la mesa de negociación y, fundamentalmente, llegar a un acuerdo social previo a la cesión de los terrenos. "En ese plazo de dos años lo que tiene que estar es definido el instrumento de cooperación y colaboración entre administraciones y el plan social aprobado, delimitando qué cantidad de realojos se necesitan, quién se va a hacer cargo y quién va a ser el competente", dijo.

En ese sentido, la diputada de la coalición de izquierdas solicitó eliminar ese plazo de dos años a los efectos de que la Comunidad de Madrid pueda disponer libremente de los terrenos con el objetivo de que este territorio sea preferentemente cedido a los ayuntamientos, "que tengan una opción preferente para ordenar y hacer en ese terreno lo que estimen conveniente".

Asimismo, pidió que se delimite la participación de los afectados, "dando cabida a los verdaderos representantes de los ciudadanos y no a otras organizaciones que vienen operando en la Cañada y lo que hacen es aprovecharse de las situaciones de necesidad de la gente que hay allí".

"Tiene que crearse un instrumento donde todas las administraciones estén sentadas y todas, en función de sus responsabilidad y de su participación y competencias, se hagan cargo de ese acuerdo social y pongan los recursos por delante. Sólo a partir ahí va a ser posible hacer todo lo que se quiere hacer y recuperar la Cañada", concluyó.