Archivo - Palacete de la Fundación Goicoechea Isusi en el número 159 de la calle General Ricardos - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, anunciaba hace un par de semanas la "gran transformación" de la plaza de Oporto para convertirse en el "centro neurálgico del distrito" que "consolide y potencie la identidad cultural que ha experimentado Carabanchel en los últimos años", una puesta al día que no alcanza a una edificación histórica a escasísimos metros de la plaza a remodelar, el que fuera señorial palacete de la Fundación Goicoechea Isusi, en el número 195 de General Ricardos, hoy comido por la ruina y el abandono.
A mediados de los 90 ya apuntaba a un estado de ruina, una situación que se ha ido agravando más de tres décadas después languideciendo, abandonado y ya perdido todo su esplendor neoclásico, a la espera de que una solución llegue antes de que sea demasiado tarde y el tiempo y el olvido haga de las suyas borrándole definitivamente del mapa, tanto urbanístico como sentimental, de Carabanchel.
Hace exactamente dos años desde que se debatiera la última proposición oficial en torno a este palacete en la principal arteria de Carabanchel. En la comisión de Cultura del Ayuntamiento, y ante una pregunta de Vox, la dirección de Patrimonio Cultural dejaba en manos de la propiedad privada la responsabilidad de las labores de restauración y conservación del antiguo asilo, de finales del siglo XIX.
A día de hoy puertas y ventanas están tapiadas con ladrillos, sus muros cubiertos de grafitis, el interior apuntalado y el jardín se ha convertido en un vertedero improvisado. Desde el Consistorio son conscientes de que la rehabilitación del edificio es posible que cueste más que la adquisición del propio inmueble, con protección nivel 2 que el Plan General de Urbanismo le dio, esto es, cualquier reestructuración tiene que respetar el más mínimo detalle de su aspecto original.
Expresado de otra manera, el edificio "cuenta con un nivel de protección que impide a sus titulares realizar intervenciones que conlleven su desaparición, ya que es obligatoria su restauración y rehabilitación".
Según la asociación patrimonialista Hispania Nostra, los actuales propietarios del inmueble alegan que su nivel de protección es "demasiado elevado" y consideran incluso "innecesaria su rehabilitación".
EN LA LISTA ROJA
Sea como sea, el palacete sigue en su espiral de degradación, hasta tal punto que ya en 2024 la asociación Hispania Nostra lo incluía en su Lista Roja del Patrimonio por su "pésimo estado de conservación tras haber perdido "multitud de elementos originales" y "ser vandalizados y expoliados".
Su fachada, producto de la reconstrucción realizada por Secundino Zuazo, ahora es carne de grafitis. En la fachada también se encuentran los pequeños restos de su ahora desgarrado frontispicio, en donde se observan algunas letras en relieve que conforman la identificación de una antigua construcción ostentosa. Su interior está apuntalado y necesita de "periódicas revisiones técnicas", de las cuales carece" al no estar protegido, describía la asociación.
DE HOTEL A ASILO Y AL ABANDONO ACTUAL
El edificio, obra del arquitecto Secundino Zuazo, autor del Palacio de la Música, empezó a construirse en 1890 como un hotel en la entonces carretera de los Carabancheles, hoy General Ricardos, pero ya en la década de los años 20 del siglo pasado pasó a ser un asilo "para inválidos del trabajo manual e intelectual", fundado por Ramona Goicoechea e Isusi. El edificio se cerró en los años 80 y lo compró una empresa. Estuvo okupado durante años.
En 2019, a escasos cinco meses de que José Luis Martínez-Almeida llegara a la Alcaldía, el palacete volvió a firmar, una vez más, su parálisis después de que el Gobierno municipal de PP y Cs desistieran de comprarlo por su estado de ruina.
El Ejecutivo municipal identificado Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) apuntadas por el Gobierno precedente, con Manuela Carmena a la cabeza, por un valor de 88 millones de euros y que "no resultan viables" por dos razones, principalmente por argumentos técnicos pero también por "no tener enlace con los objetivos del nuevo equipo".
Carmena dio luz verde ese mismo año a la futura adquisición, vía IFS y por 2,5 millones de euros. La intención de los anteriores gobernantes pasaba por acoger allí una dotación pública, por ejemplo, dependencias de la Junta de Distrito aunque, al tratarse de un edificio "con grandes posibilidades", el entonces Gobierno estaba abierto a valorar otros usos necesarios en el barrio.