Rodrigo carga contra un Plan de Vivienda estatal que llega tarde, invade competencias y cuya financiación es "inviable"

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cargado este martes contra un Plan de Vivienda estatal que llega tarde, se ha hecho "a espaldas" de las Comunidades Autónomas y se concibe como un instrumento para "recentralizar competencias que son claramente autonómicas", además de contar con una financiación que es "inviable".

"Todo se resume en que si no comulgas con el intervencionismo de Pedro Sánchez, no hay dinero", ha denunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.

Un plan que será aprobado este martes por el Consejo de Ministros sin que haya recibido el visto bueno previo en Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, según ha denunciado el consejero madrileño, que ha lamentado también que los distintos gobiernos regionales hayan conocido la versión final directamente por la prensa".

"Lejos de ser un marco de colaboración, es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas. Además, intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales, como la protección permanente o favorece la financiación si se declaran zonas tensionadas. Es decir, o haces lo que el gobierno quiere, o no hay dinero", ha criticado Rodrigo.

En su opinión, además, está al servicio "de una agenda política" con la que se busca "reforzar la ley de vivienda, intervenir los alquileres y ampliar el control del mercado".

Tras lamentar que se haya perdido prácticamente un año entero en su tramitación "en un momento en el que el problema de la vivienda es urgente", el máximo responsable de Vivienda en la Comunidad ha remarcado que, además, la financiación es "directamente inviable" y "obliga a las Comunidades Autónomas a multiplicar por seis su esfuerzo".

En concreto, contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.

"Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de unos presupuestos que no existen. Y por si fuera poco, se penaliza a las Comunidades Autónomas que no sigan su línea ideológica, limitando su acceso a la financiación", ha añadido.

Entre otras cuestiones, el consejero madrileño también ha censurado que el plan "pretende controlar los datos del mercado del alquiler, concentrando toda la información en el Ministerio", lo que se traduce en "menos transparencia, menos pluralidad y más riesgo de manipulación".

Frente a este plan, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha enfatizado Rodrigo, se defiende el respeto a las competencias autonómicas, el aumento de la oferta de vivienda, la no intervención en el mercado y la colaboración con el sector privado para generar vivienda asequible.

"Defendemos un modelo que permita a las familias prosperar y no depender permanentemente de la propia administración. Porque el problema de la vivienda no se soluciona con imposiciones ni con control político. Se soluciona con más oferta, más seguridad jurídica y cooperación real", ha zanjado Rodrigo.