MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Asambleario Sanidad de Madrid (SAS) denunció hoy que la Comunidad de Madrid pretende, a través de la privatización de las citas sanitarias, dirigir a los pacientes y procesos rentables a centros privados, para potenciar su negocio.
Asimismo, SAS plantea que la libre elección de médico y servicio de hospital, en el marco del área única, "no tiene por objeto la mejora de la calidad, sino establecer un verdadero mercado de pacientes". "En ese mercado, competirán por conseguir pacientes los hospitales puramente privados y las empresas dueñas de los nuevos hospitales también privados, ya que persiguen beneficios económicos hechos por Esperanza Aguirre (y quién sabe si en un futuro también de los Centros de Salud), de laboratorios y centros de diagnóstico por la imagen", indica.
En este marco, el sindicato indica que sus decisiones la Consejería de Sanidad acude en ayuda de los nuevos hospitales. "Se monta un sistema de citas que al privatizarse facilitará que pacientes y procesos rentables sean dirigidos a los centros donde se genera negocio para las empresas privadas, es decir, la privatización de las citas es una herramienta fundamental para hacer atractivo y eficaz el negocio sanitario", planteó.
A su juicio, "mientras engordan los centros privados, los públicos irán perdiendo presupuesto, personal, renovación tecnológica y, en definitiva, calidad, convirtiéndose en una sanidad de segunda categoría a la que se derivaran los pacientes no rentables (ancianos, crónicos, con menores recursos,...)". "Y todo se hará en secreto. La empresa dueña de la tele cita y la propia Consejería de Sanidad, pondrán todos los medios para que los datos y métodos de captación de pacientes no sean públicos", añadió.
En cuanto a los problemas para los usuarios, el sindicato apunta que en algunas zonas de Madrid vienen desde hace algún tiempo "experimentando" con contestadores automáticos y empresas privadas de teleoperadores.
El resultado para los usuarios es "nefasto" por las "largas y costosas" llamadas telefónicas que genera, en las que salta un contestador automático donde se tienen que dar los datos personales (fecha de nacimiento, DNI, nombre y apellidos) y, si este paso falla, se transmite al Centro de Gestión de Citas, donde los teleoperadores de una empresa privada vuelven a pedir los datos personales del paciente. En tercer lugar, si tampoco pueden dar la cita, la llamada pasa al Centro de Salud, y vuelven a pedirse los mismos datos. En este último paso, un administrativo público resuelve el problema.
Según destaca SAS, las personas mayores tienen enormes dificultades para entenderse con una máquina de reconocimiento de voz y prefieren acercarse al centro (o envían a un familiar si están impedidos), pero también se producen citas mal dadas, debido a que los teleoperadores no conocen el funcionamiento de cada centro.
En este sentido, destaca que los teleoperadores externos no saben si los médicos se encontrarán trabajando o por el contrario estarán con permiso y esta información la solicita el paciente continuamente.
"Ahora la Consejería de Sanidad privatiza todas las citas mediante un Centro de Atención Personalizada. Nos preguntamos por qué lo llaman Atención Personalizada si el trámite lo va a hacer un teleoperador, al que el paciente no verá, que se encuentra en algún lugar desconocido de Madrid, que cita para todos los centros y no conoce ni al paciente, ni al médico o enfermera, ni el tipo de población que atiende, ni dónde se encuentra el centro de especialidades ni el de salud y no conoce su funcionamiento", señala SAS.
Según el sindicato, el personal administrativo público que está en los Centros de Salud realiza una función imprescindible para la calidad de la asistencia, pues no sólo está para dar citas; "es el único que puede ofrecer mucha otra información que el paciente reclama y que una persona que no trabaja en el centro no puede ofrecer".
Por otra parte, SAS critica la manipulación de las citas buscando el negocio, no la salud. "¿Por qué ahora la privatización de las citas si ya existe personal público que las realiza? ¿Por qué pagar 40 millones de euros a una empresa privada, para hacer una función que sale más barata y con mejor calidad tal y como ahora se realiza?", se pregunta.