MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid prevé aprobar en abril/mayo de 2018 su ordenanza de cooperación público-social, la segunda de Ahora Madrid de nueva creación, no modificación, tras la de Transparencia, que recibió luz verde en julio de 2016.
El área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, con Nacho Murgui al frente, busca regular un modelo de gobernanza en el que se incorpore el tejido social a la gestión de las políticas públicas.
La cooperación público-social no es nueva en la ciudad pero sí su engarce normativo: desde finales de los 70 se han dado en Madrid ejemplos de este tipo de colaboración, como los procesos de remodelación de barrios o la conversión de la pradera de Pradolongo en parque a través de un proceso de participación ciudadana para su diseño en el que el Ayuntamiento costeó una encuesta elaborada por el vecindario.
El equipo de Murgui regulará ahora normativamente esta colaboración entre Administración e iniciativa social para poder dar respuesta a los retos de la sociedad actual. "La ciudadanía va por delante a la hora de tomar iniciativas y resolver problemas", defendía meses atrás Nacho Murgui, junto a la necesidad de que la Administración diera el paso involucrando en la construcción de las políticas públicas a la ciudadanía activa.
QUÉ RECOGERÁ LA ORDENANZA
La próxima ordenanza regulará la cesión de espacios para el desarrollo de proyectos que complementan la actividad municipal, cuyas directrices se incorporarán al texto, además de la cogestión de edificios públicos, como las instalaciones deportivas de proximidad.
También se incluyen los proyectos cooperativos potenciados a través del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT). Desde el Consistorio han marcado también las líneas rojas de la futura ordenanza: el modelo de cooperación público-social que se presenta no podrá ser utilizado para la prestación de servicios públicos ni para su privatización.
El concejal apuntaba que, con la norma vigente en la mano, está claro cómo puede actuar el gobierno municipal con las empresas privadas en el marco de colaboración público-privada pero no cómo el gobierno municipal puede dar más protagonismo a las entidades sociales. Ahora esta futura ordenanza regulará una nueva relación entre entidades del tejido social madrileño y el gobierno local.
Las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro deberán tener domicilio en Madrid y sus fines, de interés general, serán de carácter deportivo, educativo, científico, sanitario, que promuevan los derechos humanos o los valores constitucionales, servicios sociales, la participación ciudadana, la cooperación al desarrollo, la defensa de consumidores o usuarios, el medio ambiente, la sostenibilidad, la economía social, la investigación, el voluntariado o la atención a personas en riesgo de exclusión.
LA COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL FUERA DE ESPAÑA
Este modelo de gobernanza pública participada es un viejo conocido en otras partes del mundo. Así, en Nueva York viene funcionando desde los años 80 el programa de recuperación de espacios verdes degradados 'Take Back Your Park'.
Los jardines comunitarios de París dan la posibilidad a los parisinos de convertirse en una suerte de campesinos urbanos mientras que en Londres miembros de la comunidad local se ofrecen como voluntarios para visitar las comisarías de policía sin previo aviso para verificar el tratamiento y bienestar de los detenidos.
Los ejemplos de cooperación público-social se expanden por el globo terráqueo, desde Ámsterdam a Ontario, desde Bolonia a Glasgow.
