Tomas Gómez dice que la supresión de Oficinas Judiciales en pequeños municipios afectará a 50.000 personas al año

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha denunciado este viernes que la Comunidad de Madrid planifique el cierre de Oficinas Judiciales en pequeños municipios pues dicha medida supone que cerca de 50.000 personas al año dejarán de tener atención jurídica gratuita, perdiendo un recurso jurídico que en tiempos de crisis se hace más indispensable que nunca.

Así lo ha puesto de manifiesto en El Boalo-Cerceda-Mataelpino, término municipal al que ha acudido para mantener un encuentro con representantes políticos de la zona (El Boalo, Moralzarzal, Navacerrada, Guadarrama, Alpedrete, Torrelodones, Manzanares, Villalba, Colmenarejo, Soto del Real y Villanueva del Pardillo) con los que ha analizado el impacto de esta medida del gobierno que preside Esperanza Aguirre

"El derecho a la justicia gratuita es un pilar del Estado Social de Derecho en España, es uno de los pilares de nuestra Constitución, es uno de los pilares de la igualdad", ha destacado el líder del PSM, para quien el cierre de oficinas judiciales es un "nuevo recorte a los derechos de los ciudadanos".

Según apunta el PSOE en un comunicado, la Red Regional de Oficinas Judiciales (33 oficinas en total, en 25 municipios de la región y en 8 distritos de Madrid) fueron diseñadas prestar una serie de servicios que desde los Juzgados "no estaban implementados, por carencia de recursos que debía prestar la propia Comunidad y por deficiencias en el modelo de gestión cuya mejora, dotación de recursos y modernización no se ha llevado a cabo".

Dicha red atendía una media de 40.000 consultas jurídicas, 7.000 solicitudes de asistencia jurídica gratuita y casi 8.000 servicios psicológicos gratuitos, según las últimas estadísticas publicadas por el Colegio de Abogados de Madrid y el Colegio de Psicólogos.

Los socialistas consideran que estas oficinas (ubicadas en espacios cedidos por los ayuntamientos) han sido "fundamentales sobre todo para pequeños municipios, por cuanto cubrían necesidades de asesoramiento jurídico y asistencia psicosocial de muchos ciudadanos con escasos recursos económicos".

Además daban la posibilidad de realizar determinados trámites y actuaciones en localidades sin partidos judiciales, sin tener que desplazarse hasta los juzgados y resolviendo por tanto de forma directa problemas de los vecinos bajo el criterio de cercanía y proximidad.

Concretamente en la zona visitada Gómez se han suprimido las oficinas de El Boalo-Cerceda, de Alpedrete, de Guadarrama, de Colmenarejo, de Moralzarzal y de Torrelodones.

Además de este asunto se han tratado otras cuestiones de interés para los municipios representados en este encuentro, como es el ataque a la autonomía municipal por la reforma de la Ley de Bases, en especial a municipios con menos de 20.000 habitantes (y todo lo relativo a competencias impropias de ayuntamientos que no asume la Comunidad) o la implantación de peaje en la M-608 y la campaña socialista para frenar esta medida.