Un total de 16.700 contratos de arrendamiento de vivienda se han firmado con el Plan Alquila

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan Alquila de la Comunidad ha facilitado la firma de 16.700 contratos para que las familias madrileñas logren arrendar una vivienda con mayor seguridad y a un precio en torno a un 25 por ciento más barato que el del mercado, a través de esta iniciativa regional que intermedia y atiende a propietarios y demandantes de vivienda en arrendamiento, puesta en marcha hace algo más de dos años.

Este servicio regional ha permitido que más de 25.500 ciudadanos hayan conseguido alquilar una vivienda. Desde su puesta en marcha en enero de 2008, el mencionado número de contratos supone que los madrileños han alquilado un 72 por ciento de las 23.325 casas inscritas, de las que 16.903 ya están inventariadas por la Comunidad, informó hoy el Gobierno regional.

El director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, que facilitó hoy estos datos, señaló que mientras el Plan Alquila, que comenzó a funcionar a principios de 2008, sólo en la región madrileña ha facilitado 17.000 viviendas, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en toda la España y en el doble del tiempo (se montó en octubre de 2005) ha alquilado 14.000 viviendas.

Van Halen achacó esta diferencia a los distintos modelos. "Aquí se trata de acompañar a las partes, de aportar garantías y facilitar el alquiler; y el otro caso en virtud de las partes, a través de una Sociedad (SPA) que por lo que se ve no funciona con la eficiencia con la que funciona el Plan Alquila", agregó.

Las viviendas inscritas están localizadas en buena parte de los municipios de la Comunidad, el 52 por ciento en la capital y el 48 restante en el resto de la región. Los pisos alquilados tienen una superficie media de 72,6 metros cuadrados y oscilan entre las dos y las tres habitaciones.

El precio medio de los alquileres es de 717 euros mensuales, un 25 por ciento menos que los precios medios de mercado. El precio medio en la capital es de 773 euros mensuales, mientras que en el resto de la región se reduce a 662 euros. En Madrid capital se han firmado 7.970 contratos del Plan Alquila, el 48 por ciento del total, mientras que en el resto de la región se han rubricado 8.654.

LA OFICINA MÓVIL

En el marco del Plan Alquila, en junio de 2008 se habilitó un tráiler para extender esta iniciativa al resto de la región. En estos primeros 21 meses de funcionamiento, la Oficina Móvil ha realizado 191 salidas informando a cerca de 65.000 ciudadanos.

En la actualidad se encuentra en el aparcamiento del ESIC de Pozuelo (en la confluencia de la Avenida de Europa y la carretera de Humera), donde asesorará hasta el 31 de marzo. Esta instalación cuenta con cinco puestos de asesoramiento y está conectada vía satélite con la oficina central.

La próxima semana, la Oficina Móvil se desplazará a la Plaza de Dalí de la capital madrileña (Avenida de Felipe II), donde permanecerá del lunes 5 al viernes 9 informando sobre el Plan. Desde que inició su andadura en junio de 2008, ha recorrido 24.535 kilómetros visitando 88 localidades madrileñas y 18 distritos de la capital, asesorando a casi 65.000 personas e inscribiendo a más de 4.600.

INQUILINOS Y PROPIETARIOS

A los inquilinos, el Plan Alquila les facilita la búsqueda de una vivienda eliminando desplazamientos innecesarios gracias a una visita virtual. También promueve la elaboración de un contrato que garantice sus derechos, la contratación de un seguro multirriesgo del hogar y uno de accidente y asistencia jurídica.

A los propietarios se les ofrece un seguro de impagos durante dos años, un seguro multirriesgo que cubre posibles daños en la vivienda, la búsqueda y selección de inquilinos, asistencia jurídica gratuita en caso de desahucio, seguimiento personalizado del contrato y la gestión del depósito de fianza.

Además, los contratos de alquiler están sometidos a arbitraje, un sistema de resolución de posibles conflictos que reduce costes y tiempo respecto a la vía judicial y cuyos efectos son similares al de una sentencia judicial. Para ello, se creó un Consejo Arbitral, con el compromiso de tardar un máximo de 2 meses en emitir laudo (oír a las partes y dictar su resolución), con el coste máximo de una mensualidad.