Un total de 86 juzgados de primera instancia en Madrid tienen una carga que supera el doble del indicador

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo reclama 30 nuevos juzgados en Madrid ante cargas excesivas de trabajo para los jueces que superan el 270% al constatar que un total de 86 juzgados de primera instancia tienen una sobrecarga laboral que supera el doble del indicador establecido.

En su informe anual, la institución menciona que a raíz de diversas quejas recibidas a lo largo de 2025, se han emitido varias recomendaciones dirigidas tanto a la Secretaría de Estado de Justicia como a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de reforzar "la dotación de personal y medios en los órganos judiciales más afectados".

Las quejas, que incluyen información recabada del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, reflejan una situación de sobrecarga estructural.

Según los datos trasladados, en Madrid existen con saturación un total de 86 juzgados de primera instancia, sin contar los especializados en familia o incapacidades.

De ellos, los no especializados presentan una carga de trabajo que supera ampliamente los indicadores establecidos, alcanzando un 217% en 2022, un 292% en 2023 y un 271% tanto en 2024 como en el primer trimestre de 2025.

El propio Consejo General del Poder Judicial concluye que esta situación, mantenida en el tiempo, hace necesaria la creación de al menos 30 nuevos juzgados para absorber el volumen de asuntos y evitar mayores retrasos en la tramitación de procedimientos.

El problema, sin embargo, no es exclusivo de Madrid. El Defensor del Pueblo también ha intervenido en otros territorios, como en el caso del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Martorell, en Martorell.

Allí, tras una queja por dilaciones indebidas, la institución recomendó al Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña la elaboración de un análisis global del estado de los órganos judiciales en la comunidad.

Además, instó a diseñar un plan general de actuación que permita, en los próximos años, cubrir las necesidades de personal, reducir la tasa de asuntos pendientes y mejorar la eficiencia del sistema.

Según recoge el informe, "estas actuaciones evidencian un problema estructural en la Administración de Justicia en España, donde la acumulación de asuntos y la falta de recursos siguen afectando al funcionamiento de los tribunales y al derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva".