MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid concluirá esta semana los interrogatorios de los acusados en el 'caso Funeraria' por la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid. De los nueve acusados, faltan por comparecer ante la Sección Cuarta el consejero delegado de Funespaña, Ángel Valdivia, el corredor de comercio Ignacio de la Mora y los empresarios Ricardo Guindos y Jan Marie B.Rouppe.
Valdivia, que declarará mañana, se enfrenta a 19 años de prisión y 22 de inhabilitación por los delitos de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación, malversación y contra la Hacienda Pública. Le seguirán De la Mora y Guindos, mientras que B.Rouppe ya ha anunciado que no declarará.
El consejero delegado de Funespaña se sienta en el banquillo de los acusados junto a su hermano Juan Antonio, actual vicepresidente de la empresa. Les acompañan el presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo, el ex diputado popular Luis María Huete, los dos ex concejales del PP del Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals y Antonio Moreno y otras cinco personas.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Moreno, Viñals y Huete "concibieron la idea de poner cuanto antes la gestión de la funeraria en manos de una empresa privada que fuera de su particular agrado y confianza, (para lo cual) aceptaron cualquier perjuicio económico que pudiera derivarse de las arcas del Ayuntamiento".
PACTO CON RODRIGO.
Según el fiscal, Rodrigo se puso en contacto con Juan Antonio Valdivia, que en aquella época estaba al frente de Funespaña, "para asegurarse una importante participación lucrativa en el resultado de la privatización". Valdivia y Rodrigo pactaron entonces que el primero pondría el dinero necesario para sacar adelante la funeraria, mientras que el segundo lograba "una importante participación en el capital social".
Ángel Valdivia elaboró junto a su hermano la oferta que presentaría Funespaña al concurso para ser adjudicataria del 49% de las acciones de la funeraria municipal, que estaba al borde de la quiebra. Según el Ministerio Público, los hermanos "aprovechando la oportuna y deliberada ambigüedad e indeterminación del Pliego de Condiciones" que vulneraba de manera "frontal y palmaria" la Ley de Contratos del Estado.
La adjudicación del concurso, según el fiscal, reportó entre 1993 y 1997 a Rodrigo 10 millones de euros, Juan Antonio Valdivia más de 9 millones de euros y a Ángel Valdivia en torno a 282.475 euros.
