El TS ratifica la sentencia que condenó al teniente de alcalde de Sevilla La Nueva por coacciones a una edil del PSOE

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó hace un año a seis meses de cárcel al teniente de alcalde de la localidad de Sevilla la Nueva, Juan Antonio Teresa Villacieros, por un delito de coacciones cometido el 10 de septiembre de 2002 contra la concejal del PSOE en el Ayuntamiento Concepción Rojas Rubio, a quien se retuvo en la Corporación municipal por fotocopiar un informe urbanístico al que supuestamente no estaba autorizado a acceder.

El TS desestimó así el recurso de casación interpuesto por Villacieros, que consideraba que había varias infracciones a leyes y preceptos constitucionales, y condenó al recurrente a pagar las costas causadas. La sentencia del Supremo asegura que no existe el menor atisbo de la vulneración del derecho fundamental en el fallo anterior.

En esa sentencia, del 19 de enero de 2009, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial inhabilitó a Teresa Villacieros a ejercer cualquier cargo electivo por tres años por un delito cometido contra los derechos individuales. También le condenó a indemnizar con 9.000 euros a la edil del PSOE.

Además, absolvió al jefe de la Policía Local, Manuel Reguilón, del delito de detención ilegal del que había sido acusado por la Fiscalía. En su escrito de acusación, el fiscal solicitaba tres años de prisión para los acusados por detención ilegal. En el juicio, el fiscal acordó retirar esta acusación al agente por actuar en cumplimiento de las instrucciones del alcalde.

El Tribunal consideró hace un año que a las 13.30 horas del 10 de septiembre de 2002 la edil socialista acudió al registro del Ayuntamiento para obtener una documentación que necesitaba para un Pleno convocado para dos días después. Cuando empezó a fotocopiar los papeles, observó que había un documento relativo al desarrollo y ejecución de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sevilla La Nueva, es decir, un plan urbanístico, procediendo a copiarlo.

Una funcionaria se percató de lo que estaba fotocopiando, avisando a Teresa Villacieros, entonces alcalde del municipio. El primer edil se puso en contacto con el secretario del Ayuntamiento para que la concejal le entregara la documentación.

Rojas se negó a entregar los documentos, reuniéndose con el alcalde para discutir el asunto. Al término de la charla, la edil trató de abandonar el edificio, siendo sujetada por el agente por orden del alcalde.

La concejal fue retenida hasta las 16 horas, mientras que el alcalde formulaba una denuncia contra ella por fotocopiar una documentación no autorizada. Poco después, dos guardias civiles se personaron en el lugar para averiguar lo sucedido. Entonces, detuvieron a la edil por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Tras tomarle declaración, se le puso en libertad a las 16.55 horas.

EXPULSADO DEL PP

El teniente de alcalde fue miembro del PP hasta diciembre de 2001 al expulsarle el partido por promover, junto a un edil tránsfuga del PSOE, una moción de censura contra el entonces alcalde Ernesto Téllez, su actual socio en el Gobierno local. El PP echó a los concejales que participaron en la moción por quebrantar el pacto contra el transfugismo acordado con los socialistas.

Los ediles expulsados y el tránsfuga y una edil de CDS formaron el GPI con Teresa a la cabeza, gobernando dos años en la localidad. En 2003, la candidata del PSOE Pilar Barroso les arrebató la Alcaldía. Dos años más tarde, Teresa Villacieros y Téllez se unieron para derrocar a Barroso.

Teresa Villacieros estuvo implicado con el escándalo protagonizado en junio de 2003 por los diputados regionales socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, quienes propiciaron que el entonces líder del PSOE, Rafael Simancas, se quedará sin la Presidencia del Gobierno regional.

Según el PSOE, el 10 de junio de 2003, el acusado se reunió con el secretario general del PP en Madrid en aquella época, Ricardo Romero Tejada, y el constructor Francisco Bravo, al que se relacionó con Tamayo.

En su día, Villacieros acusó a Romero de Tejada de utilizarles como "falsa coartada" para justificar la presencia del constructor en su despacho oficial de la sede del PP, sólo siete horas después de la fuga de los ediles socialistas a los que había ayudado el constructor.