MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado "nulo de pleno derecho" el Decreto 106/2009 de 23 de diciembre por el que el Gobierno regional suprimía, por segunda vez, el colegio público Miguel Ángel Blanco de El Álamo para convertirlo en un centro privado.
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el tribunal madrileño señala en sus fundamentos que el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha cumplido el trámite preceptivo de consulta al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y que la ausencia de este trámite genera "una indefensión de los interesados no subsanable".
Esta es la razón por la que se declara nulo el decreto y se condena a la Administración demandada a "retrotraer el expediente de elaboración de la norma, con el fin de someter el proyecto a la valoración o informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid".
La sentencia responde a un recurso interpuesto por la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. Madrid y elude entrar en las cuestiones de fondo, planteadas también por el sindicato, ya que entiende que procederá a ello, si una vez cumplidos los trámites establecidos en la Ley, "el Decreto volviera a aprobarse en términos similares a los que lo habían sido en el que ha sido objeto de impugnación en este recurso".
Esta sentencia se suma a la del TSJM de 11 de diciembre de 2009 en la que el Alto Tribunal anuló la privatización del colegio público de El Álamo por falta de motivación al señalar que las razones que dio la Comunidad de Madrid para suprimirlo eran las mismas que dio para crearlo, lo que llevaría a mantener el colegio público y la adecuada prestación del servicio público.
CC.OO., en un comunicado, ha deplorado que, en su "afán privatizador", el Gobierno regional se muestre "tan poco respetuoso con la legislación vigente" y ha llamado la atención sobre las "numerosas" sentencias que le condenan en este último periodo.
El sindicato exige al Ejecutivo madrileño la inmediata devolución del CP Miguel Ángel Blanco al registro de centros públicos y que, en cumplimiento de las sentencias, se anulen todas las acciones conducentes a su privatización.