MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las principales asociaciones de vecinos de la Cañada Real Galiana respaldaron hoy la propuesta del Partido Socialista de Madrid y todas aquellas que apuesten por la desafectación de la zona y por la dotación de servicios, por lo que estarían dispuestos a pagar por ellos con tal de "legalizar" su situación.
Así, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector 4, Lidia, señaló a Europa Press que las medidas que recoge la propuesta se enmarcan, en los puntos esenciales, en lo defendido por muchos residentes en la vía pecuaria, que llevan más de 30 años viviendo en la zona "y pagando contribución por las casas".
"En su momento ya hicimos estudios de arquitectos indicando qué construcciones de podían quedar y cuales no", señaló Lidia, por lo que se mostró de acuerdo con las palabras del secretario general del PSM, Tomás Gómez, de que "habrá que realojar a quien haya que realojar y expulsar a quien haya que expulsar".
Eso sí, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector 4 solicitó a las administraciones locales y regional que cuenten con los residentes en la Cañada Real para solucionar la situación. "Hemos mandado cartas al defensor del Pueblo y a Esperanza Aguirre todas las semanas y de ellas no hemos obtenido respuesta alguna", dijo.
Asimismo, solicitó al Ayuntamiento de Madrid que paralice las demoliciones hasta que se apruebe la Ley sobre la Cañada Real Galiana en la Asamblea de Madrid. "El otro día vinieron las grúas municipales, nos sacaran a la fuerza de una casa y la derribaron sin permiso ni orden judicial, cuando vivía una familia dentro", indicó Lidia.
Por otro lado, instó a los diferentes grupos políticos a que incorporen a la Ley un plan integral que recoja el asfaltado, el alcantarillado y la recogida de basura diaria y que solucionen el problema de la escolarización de los más pequeños.
"EL DEBATE HA TERMINADO: SOMOS LEGALES"
Los vecinos del sector 6, la zona más próxima a Valdemingómez, también respaldan la propuesta de desafección de los terrenos y al pago que corresponda de los terrenos. "Habrá gente que no quiera estar, otra que prefiera que le compren el terreno y otros, como los que viven en Las barranquillas, que no les gustará la nueva situación", apuntó a Europa Press la portavoz de la asociación de esa zona, Elena Martín.
Así, recordó que el problema de alegalidad de las construcciones en la Cañada Real es antiguo pero no raro, ya que "todo el centro de Madrid, en su momento, se solucionó de esta manera", es decir, cediendo la titularidad de los terrenos a sus ocupantes. "Ésta es la única solución. Somos demasiados y hemos pasado muchos años. El debate absurdo ha terminado: somos legales y pagamos una contribución con terreno y vivienda", destacó Martín.
Ahora esperan mantener una reunión este verano con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que según indicó, les prometió para tratar los detalles de la solución.
UN PLAN GENERAL Y CIENTOS DE SOLUCIONES INDIVIDUALES
Por otra parte, un representante de la asociación del sector 5 de la Cañada Real Galiana, Ángel García, manifestó a Europa Press su preocupación por la "complejidad" del asunto porque "hay realidades muy diferentes". "El que esté metido en la droga no querrá que esto sea legal; luego hay casas que no reúnan requisitos mínimos y no le intereses realojo. Aunque, la gran mayoría tiene interés de que se puedan legalizar las viviendas y los terrenos", precisó.
García se mostró favorable a la desafectación del terreno y a que el suelo pase a manos de quienes ahora viven en ellos a través de un 'justiprecio'. "Entonces, entraríamos en disquisiciones entre pagar por un suelo rústico o si se califica como urbano, porque puede pasar de costar de 6 a 100 euros el metro cuadrado. Habrá gente que pueda asumir este coste o no", reveló.
El siguiente punto de fricción que contempla son las actuaciones de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamiento. El Gobierno regional podría asumir que dejara de ser una zona verde y luego "pasar la pelota" de la urbanización y los servicios a los ayuntamientos, "que quizá no quieran asumirlo todo".
Por ello, pidió que se aborde el problema desde un punto de vista global, "un plan general con cientos de soluciones individuales". A juicio personal, el representante de la asociación y también arquitecto cree que los ayuntamientos podrían financiar la operación con el suelo libre que puedan absorber tras los realojos.
"Lo importante es que todo vaya para adelante. Estamos ilusionados porque llevamos 35 años con este problema. No le gustará a todos, pero hay que poner una solución", concluyó García.
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