Vecinos dicen que familias del Gallinero reciben 150 ? por escolarizar a sus hijos y 300 ? por aprender a leer

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la asociación de vecinos del sector VI de la Cañada Real Galiana, Elena Martín Martínez, ha denunciado que las familias del poblado chabolista del Gallinero reciben 150 euros por escolarizar a sus hijos y 300 euros porque las mujeres aprendan a leer en cursillos dos veces por semana.

Durante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio celebrada esta semana en la Asamblea de Madrid, Martín también ha asegurado que por dos ocasiones han ofrecido pisos protegidos en el Ensanche de Vallecas a los habitantes en este asentamiento, pero que éstos los han rechazado. "Es que no pueden meter la chatarra o cobre en los pisos", ha apostillado.

Martín ha señalado que tanto el dinero como los pisos han sido ofrecidos por la Administración, pero no ha querido precisar cuál. "Que lo investiguen ellos, que es muy fácil averiguarlo", indicó posteriormente, en declaraciones a Europa Press. "A ellos les han metido luz y a nosotros nos han llegado multa por tenerla", ha dicho.

Por otro lado, la representante de la zona de Valdemingómez ha acusado también a la parroquia de Santo Domingo de la Calzada de proporcionar "comida caducada" a estas personas marginadas a pesar de los "10.000 euros que les han dado en subvenciones". Ha arremetido también contra el párroco de la zona, Agustín Rodríguez. "Que no diga que es de aquí porque viene de San Fermín", ha comentado.

Martín ha explicado que las primeras viviendas que comenzaron a construirse ilegalmente en la zona lo hicieron con el "permiso" de la dictadura. Más adelante, en 1982 se formó la asociación y posteriormente comenzaron a llegar a la zona politoxicómanos tras el cierre de los 'supermercados de la droga' de El Salobral y Las Barranquillas. "Es un sector conflictivo por expreso deseo de la Administración, que lo ha permitido. Les ubicaron en el sector para desfavorecer un pueblo constituido", se ha quejado la portavoz vecinal.

No obstante, ha precisado que, aparte de los delincuentes y los traficantes del lugar, los vecinos que allí viven son "gente obrera, que ha llegado allí por circunstancias". "Tenemos correo, basura, nos llega el pan... No somos gente rara. Diez autobuses pasan todos los días para recoger a los niños desde hace años. Mi hijo comenzó aquí y ya está en la Complutense estudiando Derecho", ha agregado.

El portavoz de la Asociación de Vecinos del sector VI de la Cañada Real ha insistido en que la ciudadanía diferencie entre la problemática delincuencial de "dos kilómetros" de la situación en la que viven 20.000 vecinos. "Allí no hay muertos de hambre. Muchos tienen más dinero de lo que pesan. Yo tengo un coche grand voyager y es lo el peorcito del lugar", ha comentado.

En este sentido, ha indicado que también han intentado que pasaran las líneas de transporte público de autobuses sin conseguirlo, han asfaltado el terreno, han llevado la luz a las vivienda y pagan desde hace años el impuesto de contribución. "El problema es que ahora nos roban los cables pero, ¿dónde no los roban hoy en día? La solución es que cojan a los delincuentes", ha agregado.

Martín se ha mostrado "encantada" con el proyecto de Ley porque contempla la desafectación de los terrenos. Sin embargo, han pedido a los diferentes ayuntamientos, especialmente al de la capital, que deje de derribar edificaciones y que se componga una mesa de diálogo entre las tres administraciones y los vecinos para solucionar el problema.

"Que empiecen a trabajar y se dejen de tanto rollo. Parecen niños pequeños peleando. Sólo les pedimos que no nos aíslen y trabajemos entre todos", ha conminados a los diputados regionales la representante de los vecinos, que ha recordado que Madrid "se creó con barriadas de fuera" y que calles como Alcalá y la Castellana fueron en su día vía pecuaria y su uso cambió en su momento.

En este sentido, durante intervención de los diputados, la portavoz del PP en la Comisión Elena de Utrilla, ha aludido a otros procesos de desafectación de terrenos parecidos en otros lugres de España y ha apostado por el "consenso" y el "sentido común" para resolver la problemática.

Por su parte, el parlamentario regional socialista Antonio Fernández Gordillo ha señalado que el proyecto de Ley no recoge el ámbito del Gallinero y ha pedido al PP que aclare si permitirá la "legalización" de las viviendas de Valdemingómez o quitará la incineradora porque "las dos cosas no son compatibles".