Los votos mayoritarios del PP han tumbado el resto de las enmiendas de la oposición por la "inviabilidad de su financiación", según Bravo
MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles sus ordenanzas fiscales para el año 2011, que incluyen una propuesta transaccional acordada por unanimidad por los tres grupos sobre una proposición inicial del PSOE en virtud de la cual los vehículos comerciales ecológicos pagarán un 25 por ciento menos por la tarjeta para aparcar en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).
Así, la enmienda a la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos permitirá que los híbridos no enchufables y los vehículos de hasta 5.000 kilos propulsados por combustibles menos contaminantes como el Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Gas Natural Comprimido (GNC) o los híbridos no enchufables paguen menos.
De esta manera, la tarjeta naranja que exhiben los furgones, furgonetas y camiones dedicados a actividades comerciales e industriales para poder aparcar en las zonas azules del SER por un tiempo máximo diario de cinco horas bajará de los 362 euros anuales actuales hasta los 272 euros, lo que supondrá un 25 por ciento de ahorro.
Así, se busca fomentar la utilización de energías y motorizaciones alternativas para proteger el aire de la ciudad de la contaminación de un sector de mercancías y reparto que supone entre un 20 y un 25 por ciento de vehículos en la almendra central y que representan el 7 por ciento de las emisiones de óxidos de Nitrógeno y el 9 por ciento de los dióxidos de nitrógeno.
Junto con esta modificación de las ordenanzas fiscales para 2011, el Ejecutivo local ha cambiado la norma general sobre compensación de deudas entre el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones públicas que, a estas alturas del año, deben a la capital 126 millones de euros.
Además, según ha explicado el delegado de Hacienda, Juan Bravo, en el pleno extraordinario para el debate de presupuestos, se ha congelado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y se ha modificado el sistema especial de pago y domiciliación; y se ha ampliado el periodo de aplicación de las bonificaciones del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por creación de empleo.
También se ha modificado la ordenanza de servicios urbanísticos, se han cambiado las tasas de los centros deportivos por precios públicos, y se han creado tarifas "más cuantiosas" en la ordenanza de aprovechamiento de la vía pública tanto para la publicidad en vallas y andamios como para el uso de los operadores móviles.
Finalmente, se ha reducido la Tasa de Basuras un 9 por ciento de media y se han ampliado los casos que se pueden acoger a las exención de su abono. "Ante la presión del Gobierno, la respuesta del Ayuntamiento no ha sido subir los impuestos porque en una situación de crisis económica generalizada como la actual no pueden ser los ciudadanos los que corrijan la situaciones creadas por el Gobierno", ha concluido Bravo.
Los votos mayoritarios del PP han tumbado todas las enmiendas presentadas en la oposición a excepción de la presentada por el PSOE relativa al 25 por ciento de bonificación para los vehículos comerciales ecológicos a la hora de aparcar en el Servicio de Estacionamiento Regulado con tarjeta. Bravo ha explicado que todas las demás han tenido que ser rechazadas por la "inviabilidad de su financiación".
TASA DE CAJEROS
A pesar de que el portavoz de IU de Hacienda, Daniel Morcillo, ha defendido el resquicio legal que tiene la propuesta tasa turística -abonar entre 0,5 y 2,5 euros por pernoctación en establecimientos hoteleros en función de su nivel-- y la viabilidad técnica de la propuesta tasa de cajeros automáticos, el responsable de Hacienda ha tumbado ambas proposiciones.
Sobre la tasa de cajeros, Bravo ha dudado de la viabilidad que tendría si las entidades financieras presentaran un recurso contra ella. En este punto, el edil ha recordado que lo que IU propone es que se cobre a las entidades financieras en función de las comisiones por el uso de las tarjetas de los usuarios pero no se puede saber a priori que parte de esas comisiones son por concepto de compras y no por el uso en cajeros.
"¿De qué sirve aprobar una tasa si no prosperará en los tribunales?", se ha preguntado. La otra opción, cobrar por el precio del metro cuadrado del suelo en el que se instala el cajero, aportaría una cantidad no demasiado elevada para las arcas municipales, unos 700.000 euros al año. Por contra, ha defendido que sí merecen la pena los ingresos procedentes de nuevas tasas como la de publicidad en los andamios (,3,5 millones de euros potenciales) o la propuesta que han hecho al Ministerio de Economía para modificar el IAE y que podría aportar unos 60 millones más.
Por otro lado, Morcillo ha defendido que, si finalmente la privatización del Canal de Isabel II se llevara a cabo, sería entonces viable la propuesta de IU de calcular la Tasa de Basuras en dos tramos, uno fijo y otro variable en donde, en este último, se tendría en cuenta el consumo de agua. No ha querido despedirse del que será su último Pleno de presupuestos -no irá en las listas de mayo-- sin reclamar una renegociación de la Ley de Capitalidad y una exigencia a la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, para que ponga en marcha el Pacto Local.
Por otro lado, el portavoz de Hacienda del PSOE, Pablo García-Rojo, ha defendido en sus intervenciones que con las cuentas en las manos se ve que "hay posibilidad de ajuste" y de "imaginar otro presupuesto". No se ha olvidado tampoco de reclamar más inversiones en política ambiental, social, seguridad, movilidad, cultural "con una política fiscal distinta en un momento en el que las economías familiares lo hacen necesario".
Esas propuestas han sido contestadas por Juan Bravo, que le ha preguntado directamente al socialista cómo seguir con el esfuerzo inversor en 2011 pero cuando el Gobierno central retira los fondos aportados en dos últimos años.
"Es un esfuerzo para el que no estamos en condiciones mientras las comunidades mantienen su mejora de la financiación", ha sostenido tras añadir que sabían que eran conscientes de que los planes estatales de inversión tenían fecha de caducidad pero no tan abruptamente. "Pasamos de los 5.000 millones en 2010 a cero en 2011", ha zanjado.
