MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital aportarán 37 millones de euros en los próximos cinco años para ayudar a los vecinos del barrio de San Cristóbal de los Ángeles, en el distrito de Villaverde, a rehabilitar sus viviendas. La cifra de casas a remodelar asciende a 5.820, según informó hoy el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, durante una visita al distrito, donde comprobó en primer lugar los nuevos accesos a la Gran Vía de Villaverde y luego la marcha de las obras de rehabilitación del citado barrio.
Con el fin de obtener información sobre dichas ayudas, los vecinos interesados en estas subvenciones pueden dirigirse a la Oficina instalada para ello en el número 9 de la Plaza de los Pinazo. En concreto, la cantidad citada, a aportar a partes iguales por las tres Administraciones, servirá también para mejorar las infraestructuras existentes en el barrio y crear otras nuevas.
Por otra parte, Ruiz-Gallardón aprovechó la ocasión para anunciar que el día 1 de febrero presentará un nuevo plan de actuaciones en el distrito, consensuado con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que contempla cuarenta proyectos concretos. Explicó que el mismo será continuación del que las administraciones pusieron en marcha en 1997, para lograr el reequilibrio real del sur de la ciudad.
En su opinión, gobernar en democracia no es sólo presentarse cada cuatro años a unas elecciones y ganarlas sino que además hay que escuchar y consensuar con los vecinos y luego trabajar para acabar con las desigualdades, y agregó que el nuevo plan de actuaciones en Villaverde es ejemplo de ese modelo de política del Gobierno local.
ESTATUTO DE CATALUÑA
Durante la visita, el regidor pudo escuchar las principales reivindicaciones que le trasladaron algunos vecinos tanto de la Gran Vía de Villaverde como de San Cristóbal de los Ángeles, relativas principalmente a la falta de servicios sociales y accesos, centros educativos, estado de algunas casas o mobiliario urbano. Además, algunos vecinos, ante la presencia de la prensa, expresaron sus opiniones sobre el proyecto de la Comunidad de Madrid de llevar el metro al distrito y sobre los planes del Gobierno central para cambiar el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Este último asunto provocó opiniones más contrarias entre algunos vecinos, hasta el punto de que una mujer, visiblemente nerviosa, empezó a pedir en voz alta la presencia de "seguridad" para que las cosas no fueran a mayores, mientras que los principales protagonistas del improvisado debate político se intercambiaban calificativos como "payaso", "facha" o "rojo".
NUEVOS ACCESOS
En la primera parte de la visita al distrito, Ruiz-Gallardón comprobó el estado de los accesos construidos recientemente a la Gran Vía de Villaverde, en los que fueron invertidos 3,8 millones de euros. Explicó que esta actuación facilita la accesibilidad y la movilidad de los vecinos así como la competitividad de las industrias y negocios de la zona y ha supuesto la construcción de 949 metros de viario. Asimismo, ha incrementado el patrimonio verde de la ciudad con 300 nuevos árboles y dos parques de 2.180 metros cuadrados.
También se han construido 12.020 metros cuadrados de aceras y un carril-bici de 220 metros en la calle de Americio que enlaza con el de la Gran Vía de Villaverde. Según el regidor, las nuevas conexiones responden con antelación a las necesidades de los once desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General de esta zona de la ciudad.
En concreto, en la Gran Vía de Villaverde se han creado cuatro accesos, dos de ellos en el oeste, mediante la ampliación del Camino Real de Pinto y la prolongación de la calle de San Jenaro, y otros dos en el este, para lo que fue necesario ampliar la calle de Clara Schumann y prolongar Americio.
Por último, el alcalde anunció nuevos accesos para vehículos y peatones en la Gran Vía de Villaverde y recordó que este vial fue construido a raíz de una demanda que los representantes vecinales trasladaron a su primer Gobierno regional, en 1995, ante la falta de escasez de medios económicos del Ayuntamiento para hacer frente a las molestias que causaban las vías del ferrocarril.