El presidente del sindicato muestra su oposición a que se reduzca la inversión en educación del Gobierno central en la Región de Murcia
MURCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del sindicato de enseñanza ANPE, Clemente Hernández, ha advertido que se ha detectado un alza en las denuncias falsas a los profesores y que las intimidaciones y agresiones a docentes "no están aumentando pero tampoco están bajando". Para combatir esta situación y endurecer las penas, ha obtenido el compromiso del Gobierno regional para crear una Ley de autoridad pública de los docentes y que toda agresión a los maestros sea considerada atentado a funcionario público.
Hernández hizo estas declaraciones tras mantener una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en la que abordaron la evolución del Pacto Educativo firmado recientemente y la situación al comienzo del curso académico 2010-2011.
En el encuentro, Hernández planteó la necesidad de valorar la figura del profesor en los centros, haciendo hincapié en las campañas de dignificación que recoge el pacto educativo y le planteó la necesidad de que en la Región de Murcia pueda haber una Ley de autoridad pública de los docentes, como existe en otras comunidades autónomas, para mejorar la convivencia en los centros y la calidad en la enseñanza.
Hernández destacó que el Servicio del Defensor del Profesor que ANPE tiene en funcionamiento cuatro años está registrando "muchísimas consultas y denuncias" y ha detectado que el clima en los centros "se está deteriorando por problemas que se podrían resolver con actuaciones como la Ley de autoridad pública".
En concreto, esta Ley dotaría al profesor de la presunción de veracidad porque pasaría a ser una autoridad pública con respaldo de la Administración. De esta forma, la parte denunciante sería la que tendría que demostrar que el profesor ha hecho algo, lo que Hernández consideró muy importante ante el alza de denuncias falsas que proliferan contra los profesores.
El presidente de ANPE achacó este aumento de denuncias falsas a que "seguramente hay alguien que les dice al oído a los denunciantes que pueden obtener una cuantiosa gratificación o indemnización".
De hecho, Hernández se mostró preocupado porque "hay casos de denuncias falsas que se han demostrado pero cuando el daño estaba hecho a profesores, incluso con 30 años de edad que han tenido que jubilarse porque han entrado en depresión como consecuencia de un juicio que ha durado unos dos años y no han podido seguir trabajando, viéndose afectada su vida personal y su salud".
Además, de existir una Ley de autoridad pública, las consecuencias de las agresiones serían "un poco más graves de las que hay en estos momentos y que se saldan con multas que oscilan entre 150 ó 180 euros". Y es que las penas se consideran como faltas y se aplica el código civil, mientras que, de aplicarse el código penal, podrían suponer una pena de prisión de uno a tres años.
A su juicio, este coste "anima incluso a los padres a que sigan agrediendo a los profesores, lo que afecta también al trabajo que se hace en el aula, porque si un alumno ve que su profesor no está reconocido y se le agrede, va a estar influenciado en su actitud para con el docente".
Ante esta situación, Hernández anunció que Valcárcel se ha comprometido a iniciar las acciones que conduzcan a la elaboración de esa Ley de autoridad pública en el plazo más corto posible, aunque reconoció que no va a ser inmediato porque requiere un proceso que se alargará en el tiempo.
Además, Hernández ha solicitado a Valcárcel que las agresiones a docentes se consideren atentado a funcionario público, una medida que la Consejería de Sanidad ya firmó hace un año con el fiscal jefe de la Región de Murcia, con la intención de dar esa consideración a todas las agresiones a los sanitarios.
Al parecer, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, confirmó que "los trámites con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial se ha avanzado bastante y ya existe un documento que se encuentra en Madrid para que la Fiscalía General del Estado dé su aprobación".
Hasta ahora, indicó que a quien se consideraba funcionario a estos efectos en los juzgados era la policía, los concejales, los inspectores de educación e incluso los directores de centros públicos en Cataluña. De darse esta consideración, indico que la pena "podría ser un poco más grave, de forma que mostró su esperanza en que ejerza una función disuasoria a la hora de alguien vaya a agredir a los docentes.
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
Hernández también abordó con Valcárcel la situación de la inversión en la educación, un aspecto sobre el que recordó los recortes en las nóminas sufrido por los docentes como consecuencia del decreto del Gobierno central, y que ha hecho que el profesorado "esté desanimado y sin comprender por qué se ataca al sector más débil".
Hernández mostró su oposición a que se reduzca la inversión en educación en la Región de Murcia, lo que consideró "inaceptable" cuando el número de alumnos que ha retornado al sistema educativo oscila entre el ocho y el nueve por ciento, una cifra "bastante importante de los trabajadores en paro para mejorar su cualificación".
"Si hay un incremento hay que satisfacer la demanda y dotar de profesores e infraestructuras", según Hernández, quien estimó que el próximo Pacto de la educación puede recoger esta reivindicación que consideró "fundaental para salir de la crisis".
