CARTAGENA (MURCIA), 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PSOE para reforzar las inspecciones en las residencias de ancianos de la Región, ya sean públicas o privadas y poner en marcha un plan regional de formación higiénico sanitario dirigido a los empleados de las residencias de discapacidad y de mayores.
Durante el debate de la iniciativa, tanto PP como Ciudadanos han defendido que se trata de cuestiones en las que ya trabaja el Gobierno regional, aunque la socialista Toñi Abenza ha cuestionado dichas declaraciones. Según ha dicho ,ha recibido una denuncia de una residencia en este sentido.
Según ha expuesto, una trabajadora que lleva trabajando durante 15 años en una residencia de la Región le ha escrito diciendo que "en 15 años no ha pasado ningún inspector" por la residencia.
Tras esta declaración, el diputado de Ciudadanos, Francisco Álvarez, le ha instado a que "si tiene conocimiento de un delito, lo que tiene que hacer es denunciarlo y llevarlo a la Fiscalía, no venir aquí a hacer insinuaciones que luego no se constatan como hechos reales".
El diputado de Ciudadanos ha informado de que este año solo se han realizado 64 inspecciones frente a las más de 100 que se realizan habitualmente porque durante la pandemia han primado otras necesidades. Sobre las denuncias recibidas de residencias también ha dicho que la Comunidad impuso el año pasado tres sanciones y este año mantiene abiertos dos expedientes.
Por otro lado, la Asamblea Regional también ha aprobado una iniciativa del PP que ha contado con los apoyos de los 'populares', Ciudadanos y VOX para exigir al Ministerio la retirada de 170 fondeos ilegales del Mar Menor y la instalación de pantalanes para pequeñas embarcaciones que no dispongan de puntos de amarre en puertos deportivos.
En la iniciativa de los 'populares' se exige al Gobierno central que asuma sus competencias para eliminar los fondeos y proteger el Mar Menor. El diputado del PP Juan Antonio Mata ha acusado al Gobierno de Sánchez de "sacudirse las pulgas" y "eludir responsabilidades".
Y ha dejado claro que la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante atribuye al ministerio de Fomento la competencia "para la remoción de embarcaciones hundidas fuera de las aguas portuarias, cuando constituyan un riesgo grave para las personas o para los bienes o para el medio ambiente".
Los populares han incorporado una enmienda parcial de VOX en la que se insta al Ejecutivo de la nación que "instale pantalanes y fondeadores inocuos al ecosistema que permita fondear a las pequeñas embarcaciones que carecen de puntos de amarre". De hecho, ya se han instalado en Isla Grosa, y está prevista la instalación también en la Isla del Barón y en la Perdiguera, como zonas protegidas por sus valores naturales, ha informado el diputado del PP.
Durante el debate de esta iniciativa, los diputados de PSOE y Podemos han echado en cara al Gobierno regional que no haya hecho nada durante los últimos años para evitar los fondeos ilegales y que ahora pidan responsabilidades al Ministerio.
El pleno también ha sacado adelante por unanimidad una iniciativa del PP para pedir al Gobierno regional que inicie el procedimiento administrativo para declarar Bien de Interés Cultural el edificio del Casino de Mazarrón.
La diputada del PP Inmaculada Lardín ha recordado que actualmente el ayuntamiento de Mazarrón está llevando a cabo "una adaptación" de un proyecto de rehabilitación encargado en 2009, "dirigido a que el edificio recupere su esplendor urbanístico y cultural". Según ha expuesto, las obras realizadas a mediados del pasado año "para frenar el deterioro del inmueble ante la amenaza de ruina".
Por otro lado, los votos de PP, Ciudadanos y VOX han dado luz verde a otra iniciativa del PP para pedir al Gobierno nacional la vuelta al pacto constitucional en materia educativa y que se mejore el sistema educativo subrayando que la ley Celáa "nace sin consenso y apuesta por la mediocridad".
El diputado del PP, Víctor Martínez Carrasco ha lamentado que la ley se haya tramitado "sin escuchar a la comunidad educativa". "Nace sin el preciso consenso que la sustente". También ha cuestionado "la oportunidad" del momento para su aprobación "en plena pandemia y con una actividad parlamentaria reducida a la mínima expresión". A su juicio, ha "la educación en nuestro país necesita un cambio", sin embargo la Ley Celaá no atiende ninguno de los retos que demanda el sistema".
En el pleno el PSOE también ha retirado una moción para elaborar un proyecto de ley de gestión de residuos agrícolas de la Región de Murcia al ver que no iban a disponer de los apoyos necesarios para sacarla adelante.
