CARM pide al Ministerio garantías para las víctimas durante la adjudicación del contrato de pulseras antimaltrato

MURCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reclamado este miércoles al Ministerio de Igualdad "garantías firmes para asegurar la protección de las víctimas de violencia de género durante el proceso de transición entre el contrato actual de las pulseras antimaltrato y la nueva adjudicación".

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha subrayado en la Conferencia Sectorial de Igualdad que el Ministerio "no ha ofrecido información suficiente sobre cómo evitará que el servicio de los dispositivos antimaltrato quede interrumpido a partir del próximo 6 de mayo, cuando expira el contrato vigente", según han informado desde el Ejecutivo regional.

Además, Ruiz ha señalado que el Ministerio "tampoco ha aclarado si se han corregido las deficiencias que provocaron fallos recientes en los dispositivos telemáticos". Estos fallos, según ha expuesto, "han llegado a comprometer la seguridad de mujeres protegidas por el sistema".

La consejera ha insistido en que "es imprescindible conocer cuántas víctimas pudieron quedar desprotegidas y qué medidas se han adoptado para impedir que vuelvan a producirse situaciones similares".

En este sentido, la consejera ha reclamado transparencia sobre el estado de la licitación del nuevo contrato, también sobre los mecanismos para garantizar la continuidad del servicio durante la migración tecnológica y sobre el refuerzo de los recursos técnicos y humanos del sistema Cometa, responsable del seguimiento telemático.

Según ha explicado durante la Conferencia Sectorial, "la ausencia de esta información impide a las comunidades autónomas anticiparse y asegurar que ninguna mujer quede sin protección durante el cambio de proveedor".

Durante la reunión, Ruiz también se ha mostrado preocupada por la decisión del Ministerio de mantener la obligación de que las autonomías asuman el 25 por ciento de la financiación del Plan Corresponsables, lo que para la Región supone cerca de 1,7 millones de euros. La consejera lamentó que esta medida "se haya impuesto sin diálogo previo y suponga un nuevo recorte que afecta a programas esenciales para las familias".