3 de junio de 2020
 
Publicado 08/04/2020 16:39:05 +02:00CET

La Comunidad denuncia que la cancelación de fondos dejará sin formación para el empleo a 15.000 alumnos

MURCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cancelación de fondos del Gobierno central dejará sin formación para el empleo en la Región de Murcia a unos 15.000 alumnos en 2021, según estimaciones de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

En total, está previsto que se dejen de celebrar unas 1.200 acciones formativas, con el efecto económico que conlleva en las entidades responsables de impartirlas, el personal docente y administrativo, las organizaciones sin ánimo de lucro y los ayuntamientos.

La decisión, adoptada de "manera unilateral" por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la Conferencia Sectorial, supone que el dinero que correspondería a la distribución territorial de 2020 para formación profesional para el empleo, 30,7 millones de euros en el caso del Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Región de Murcia, se destinará al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) para hacer frente a prestaciones.

Por tanto, "no se distribuiría el dinero que le corresponde a la Comunidad para formación".

De esta manera, el SEF, dependiente de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, sólo dispondría de 1,9 millones de euros para formación este año.

Como consecuencia, no sólo no se podrían programar nuevas actividades formativas con cargo al ejercicio 2020, sino que los gastos acarreados por la programación de cursos de 2019 --seguimiento de los cursos, ayudas y becas para alumnos vulnerables, justificación económica y auditorías, entre otros-- "quedan ahora en suspenso", ya que corren a cuenta del presente ejercicio.

El consejero del ramo, Miguel Motas, se ha mostrado "muy preocupado" por el hecho de que el Ministerio "desprecie una palanca básica para facilitar el acceso a un puesto de trabajo, precisamente en un escenario de crisis económica como el que viene".

Asimismo, ha indicado que esta decisión "rompe una regla defendida por los propios agentes sociales: la cuota a la Seguridad Social del 0,7 por ciento de las nóminas de los trabajadores por cuenta ajena de la que provienen los fondos constituye una partida finalista, y por tanto debe destinarse íntegra y exclusivamente a formación profesional para el empleo".

EFECTOS

Actualmente, la actividad formativa comprometida con el ejercicio 2019 garantiza la actividad durante 2020. Sin embargo, desde enero de 2021 "la cifra de cursos se reduciría notablemente hasta el último que se celebrase, hacia mediados de 2021".

Existen entidades de formación, como el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena, en los que la actividad formativa concedida por el SEF en 2019 finalizaría en diciembre de 2020, aunque muchas ofrecerían el último de los cursos antes de esa fecha.

A raíz de esta cancelación, el SEF no podría financiar ninguna actividad formativa nueva cuya ejecución abarcase el periodo entre enero de 2021 y mediados de 2022.

El impacto económico en el sector de la formación traerá consigo un incremento del desempleo, tanto entre los formadores --la Consejería estima en 1.500-- como en personal administrativo, que afectará a más de 200 personas, así como el cese de la actividad de numerosos autónomos.

Motas ha subrayado que "numerosas entidades de formación se han puesto en contacto con la Consejería, que comparte su preocupación ante la incertidumbre generada por esta decisión".

"Estamos en contacto permanente con sus responsables para defender sus intereses, que son los de la Región y sus ciudadanos".

A ello ha sumado el "impacto social y en el empleo", ya que esta medida "impide que se capacite a desempleados y ocupados para desarrollar profesiones sujetas a normativas que exigen disponer de determinados certificados de profesionalidad, certificaciones o renovación de carnés".

Por ejemplo, "no se cubrirían las necesidades de trabajadores formados de las empresas que desarrollan su actividad en torno a Navantia, en Cartagena".

Otros ámbitos particularmente afectados serán la seguridad privada, la atención a personas dependientes, la instalación, la manipulación de alimentos, el socorrismo, la renovación y obtención del certificado de aptitud profesional que se requiere con carácter obligatorio a los conductores de transporte, entre otros.

La Consejería está ultimando un informe que refleja la relación de compromisos económicos de la Comunidad derivados de la ejecución de programas de formación para el empleo en 2020, previos a la decisión del Ministerio en la citada Conferencia Sectorial.

Una vez finalizado, se remitirá al Ministerio para que éste autorice la distribución de nuevos fondos que permitan la asunción de los compromisos adquiridos.

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