MURCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia y vicepresidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, Luis Fernández, pidió hoy al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, la posibilidad de que el Instituto de Crédito y Finanzas murciano pueda anticipar hasta un 20 por ciento de los contratos de obra adjudicados, así como que se cree el Tribunal de Cuentas de la Región.
Fernández mostró su preocupación por la "desproporcionada" bajada de obras, "lo que perjudica a la misma, y en consecuencia a la Administración, y por supuesto a las empresas que licita". Como consecuencia de la situación económica actual, añadió, "asistimos además a una concurrencia altísima de licitadores en las obras".
Igualmente, destacó el cierre de "bastantes" empresas regionales dedicadas al sector de la construcción y propuso al presidente murciano que, "con el fin de amortiguar la situación que atraviesa este sector en la Región", se potencien los servicios del Instituto de Crédito y Finanzas de la Comunidad de cara a los "posibles" avales y ayudas a los ayuntamientos de la Región "para atenuar de alguna forma la situación por la que pasan".
Así, comentó la posibilidad de que el Instituto pueda anticipar hasta un 20 por ciento de los contratos de obra adjudicados, unos cinco millones de euros, "siguiendo el sistema de mercado francés", lo que ayudaría a que las empresas no se vieran obligadas a presentar un aval técnico o que su devolución a las empresas que no han resultado adjudicatarias "se haga de manera más ágil".
Fernández destacó además la necesidad de coordinar y homogeneizar criterios entre las distintas consejerías a la hora de redactar los pliegos de condiciones, las cláusulas administrativas.
"PRESUMIMOS QUE 2010 SERÁ PEOR"
En la reunión celebrada hoy en el Palacio de San Esteban, Fernández criticó también los nuevos requisitos de la Ley de Contratos del sector para que "esto no incida de forma negativa en la marcha que hasta llevan las licitaciones".
Así como la necesidad de la creación del Tribunal de Cuentas de la Región de Murcia, "lo que ayudará a que la gestión resulte más ágil", indicó, al tiempo que destacó el "gran esfuerzo" que la Comunidad Autónoma ha hecho en los programas de inversión en obra pública y defendió que el sistema de adjudicación de obras se realice por concurso, "y no solamente por subasta, como llama la nueva Ley".
Fernández remarcó que la inversión de la Comunidad en obra pública ha crecido este año un 160 por ciento, "aunque nunca es suficiente en épocas de crisis", mientras la estatal ha disminuido un 60 por ciento; al tiempo que destacó la importante baja de obras licitadas, "que lo único que contribuye es a deteriorar la calidad de la obra y a perjudicar a las empresas, lejos de suponer un ahorro económico".
La situación de las empresas actualmente "es difícil, 2009 ha pasado, pero nuestro gran temor se centra en 2010, que no sabemos qué pasará, presumimos que será peor que este año".
En concreto, señaló, "la asistencia a obras ha crecido de diez a 60 o 90 licitadores y donde una baja media se podía situar entre un 15 y un 20 por ciento ahora mismo está próxima y superando en muchos casos el 50 por ciento, depende del tipo de obra".
"Pedimos que las bajas se moderen, sistemas de adjudicación donde se contemple la baja media, y que no se adjudiquen obras en baja temeraria", concluyó el presidente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia.
El Instituto de Crédito y Finanzas de la Región, puesto en marcha en 2009, es una entidad pública que se circunscribe al ámbito financiero y que contaba con una dotación inicial de 23 millones de euros.
Las funciones que desarrollará son, principalmente, la gestión financiera de la Administración General de la Región de Murcia y de su sector público que así lo solicite, ejercer las competencias de supervisión de la Administración regional sobre el sistema financiero, el endeudamiento y la concesión de créditos y avales a favor de quienes compongan el sector público regional, así como empresas privadas regionales o con proyectos e inversiones en la Región de Murcia.