Archivo - Una mujer pone un lazo morado a otra durante una concentración contra la violencia machista - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo
MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron durante el tercer trimestre de 2025 un descenso del 3% en el número de denuncias por violencia sobre la mujer, según los datos correspondientes al periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre, hechos públicos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, entre julio y septiembre se contabilizaron 2.013 denuncias, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior (2.076), lo que confirma una tendencia a la baja ya observada en trimestres previos, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.
La comparación por comunidades autónomas del número de mujeres víctimas de violencia de género registradas durante el trimestre por cada 10.000 mujeres sitúa a la Región de Murcia en una posición por encima de la media estatal.
Con una tasa de 24,1 víctimas por cada 10.000 mujeres, se encuentra entre los territorios con mayor incidencia relativa, aunque lejos de los valores más elevados registrados en Islas Baleares, que encabeza la clasificación con 35,9, y por debajo de otras comunidades como la Valenciana o Canarias.
En el extremo opuesto se sitúan Galicia, La Rioja y Castilla y León, con las tasas más bajas.
MEDIDAS PENALES Y CIVILES DE PROTECCIÓN
La mayor parte de las denuncias fueron presentadas directamente por las propias víctimas (1.375), bien en sede judicial, bien en dependencias policiales, mientras que los atestados por intervención directa de las fuerzas y cuerpos de seguridad (419) constituyeron el segundo canal de entrada más habitual.
Los órganos judiciales de la Región tramitaron durante el trimestre 478 solicitudes de órdenes de protección, de las que se acordó un 78%.
Junto a las órdenes de protección, los juzgados adoptaron un amplio conjunto de medidas penales y civiles destinadas a salvaguardar la seguridad de las mujeres y de los menores.
Entre las medidas penales (1.098), las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (322) y las órdenes de alejamiento (331), mientras que en el ámbito civil destacaron las relacionadas con la atribución del uso de la vivienda familiar (94), la prestación de alimentos (78) y la suspensión del régimen de visitas (71).
Además, también se acordó la suspensión de la guardia y custodia en 33 casos y se suspendió la patria potestad en 48.
Solo siete de cada 100 víctimas se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, una tasa sensiblemente inferior a la media nacional de 11,1, lo que refleja una mayor disposición a mantener la denuncia y continuar con el procedimiento judicial.
En cuanto a la actividad de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, durante el tercer trimestre se dictaron 512 de sentencias, con un porcentaje de condenas del 97,1%.
Los juzgados de lo Penal de la Región, competentes para el enjuiciamiento de los delitos castigados con penas de hasta cinco años de prisión, dictaron 132 sentencias, el 78,8% condenatorias (104), 80 de ellas por conformidad.
Por su parte, la Audiencia Provincial, a través de su sección especializada, dictó una sentencia relativa a los delitos más graves, con fallo condenatorio.
Durante el trimestre también se enjuició a tres menores en los juzgados de menores en relación con delitos de violencia sobre la mujer, imponiéndose en todos los casos medidas, tras el reconocimiento de los hechos por los acusados.
La presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, ha destacado el elevado número de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales en España, que en el tercer trimestre del año representaron el 84,6% del total, uno de los porcentajes más elevado de toda la serie histórica.
Según Rojo, el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas por los órganos judiciales contengan un fallo condenatorio evidencia el "elevado" nivel de eficacia alcanzado por la Administración de Justicia en una materia, como es la violencia de género, con una importante dificultad probatoria.
Y ello, según ha precisado, se debe tanto al trabajo y esfuerzo que día a día realizan los integrantes de la Carrera Judicial, como al de todos los operadores que colaboran con ellos.
Rojo ha asegurado que para mantener el nivel de calidad es necesario seguir avanzando en la formación y especialización de todos quienes hacen posible que la Justicia funcione dando una respuesta a las víctimas, así como en la dotación de los medios materiales y personales necesarios para hacer frente a esta lacra.
Asimismo, ha insistido en la importancia de que las víctimas denuncien y sigan confiando en la Justicia.
Los datos del trimestre muestran una variación "mínima" tanto en el número de denuncias (aumento del 0,23%), como en el de víctimas (aumento del 0,88%), lo que "puede interpretarse como un mantenimiento de los niveles de confianza en el sistema".
Por ello, la presidenta del Observatorio ha reiterado que "solo rompiendo el silencio y dando un paso adelante se puede salir de la espiral de la violencia, para lo que la implicación del entorno resulta fundamental".
Por último, Rojo ha expresado su "preocupación" por el "importante" incremento de los casos en los que la víctima se acoge a la dispensa del deber de declarar, que en el tercer trimestre del año ha sido del 22,51% respecto al mismo periodo de 2024.
Tras mostrar su comprensión hacia todas esas mujeres, ha querido transmitirles un mensaje de "tranquilidad" ya que existen mecanismos para evitar la confrontación directa de la víctima con el agresor cuando tienen que declarar en el órgano judicial y porque hay diversos tipos de medidas diseñados para protegerlas a ellas y a sus hijos e hijas.