MURCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia (CGS) ha decidido en Asamblea que, junto al Consejo General en representación de las 43 corporaciones de España, exigirá a la Administración del Estado que respete la deconexión digital de los profesionales a los que envía una "avalancha" de notificaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Los mail se reciben constantemente en los correos personales de cada profesional autorizado con requerimientos cuyos plazos de respuesta son muy cortos. A esta "inundación" diaria de procedimientos se une la obligatoriedad imperiosa de enviar datos sobre administradores y trabajadores autónomos a la Seguridad Social antes del 31 de octubre de 2023.
"En este instante que vivimos, se ha impuesto de manera taxativa que los graduados sociales resuelvan procedimientos con información que ya tiene la Administración y bombardean a los despachos profesionales de trámites administrativos a cada momento, incluidos los fines de semana, dando plazos de resolución brevísimos que obligan a atender los requerimientos procedimentales 24/7", indican.
Así, defienden que, en el uso de las buenas prácticas "que siempre tienen los profesionales del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, el imperativo de la administración central les impide el descanso que es un derecho para cualquier trabajador".
MEDIDAS INMINENTES
Los graduados sociales de la Región de Murcia reunidos en Asamblea han determinado que, en unión al Consejo General de Colegios de toda España, lucharán por la implantación de herramientas y aplicaciones que permitan el traspaso de datos entre las administraciones para no retrasar ni reiterar procesos.
Asimismo, exigen que desde la TGSS (Tesorería de la Seguridad Social) se facilite la información necesaria que obra en su poder, sin vulnerar la Ley de Protección de Datos, para que los profesionales puedan ejercer su trabajo, ya que sin información no pueden ejercer la labor diaria de manera eficiente
Por otro lado, piden mejorar en los sistemas de comunicación con la Administración; mejorar en los sistemas de comunicación con la Administración; mantener reuniones con otros colectivos profesionales que se encuentran en la misma situación; y enviarán un escrito del Consejo General al Defensor del Pueblo.
Finalmente, plantearán con el Consejo General el envío de un manifiesto de amenaza inminente del colectivo de graduados sociales que, como protesta, puede romper relaciones con toda la Administración Pública. Este manifiesto se enviará al Ministerio.