MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este viernes el ingreso en prisión, por un presunto delito de pertenencia a organización terrorista, de tres de los seis detenidos esta semana por su vinculación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al existir indicios de que hayan podido recaudar fondos en nuestro país para financiar la organización terrorista.
Fuentes judiciales han informado que las otras tres personas detenidas en la misma operación han quedado en libertad, si bien se les ha prohibido salir de España y deberán comparecer ante el Juzgado cada quince días.
Todos ellos comparecieron ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, y respondieron al magistrado en armenio, para lo que contaron con un intérprete. La causa está bajo secreto del sumario aunque ha trascendido que el juez analiza diversa documentación incautada para aclarar cómo se realizaban los envíos de dinero.
Los integrantes de esta organización terrorista están acusados de extorsionar a compratiotas y destinar los fondos que obtenían a la compra de material explosivo y armas para el mantenimiento de acciones terroristas en Turquía, según informó el Ministerio del Interior.
La identidad de los presuntos miembros del PKK que han comparecido en la Audiencia Nacional responde a las iniciales N. G., F. G. y Y. E. O., que fueron arrestados en Madrid; Z. B., en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz; H. G., en Murcia; e I. T. Y., en Barcelona.
OPERACIÓN EN FRANCIA
La operación, que fue llevada a cabo por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, no sólo se desarrolló en España sino también en Francia, donde otras 16 personas, a las que se intervinieron 28.000 euros y armas, fueron detenidas.
Según el Ministerio del Interior, los arrestados realizaban estas labores para el sostenimiento de la actividad armada en su país de origen y colaboraban también en los Aparatos de Logística y Propaganda que la organización terrorista mantiene en Turquía y distintos países europeos.
El dispositivo policial se centró en la actividad recaudatoria de los integrantes del PKK asentados en España a través de extorsiones a compatriotas y el cobro de lo que Interior ha denominado como "impuesto revolucionario" o "comisión ilegal". El objetivo de este aprovisionamiento de fondos era la adquisición de armamento y material explosivo para el sostenimiento de la actividad armada terrorista en Turquía.
Concretamente, sólo en el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2012, el PKK ha ejecutado 12 acciones terroristas que han ocasionado numerosas víctimas, principalmente civiles -escolares y trabajadores de empresas energéticas- y también policías y militares.
El PKK aboga por la creación de un estado propio que actualmente se asentaría sobre parte de los territorios de Turquía, Siria, Irán e Iraq. Es una organización terrorista considerada como tal en el ámbito Europeo desde julio de 2011, por Decisión del Consejo Europeo e incluida en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Fuera de su país de origen, las distintas redes de colaboradores del PKK se extienden sobre todo por Europa, abundando en aquellos países en los que la diáspora kurda es más numerosa, como Alemania, Holanda o Bélgica. En todos estos países la estrategia propagandística del PKK se ha centrado en la legitimación de su actividad armada frente a lo que califican "injusta represión de sus aspiraciones independentistas" por parte del Gobierno turco.