El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba el nuevo Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este jueves el nuevo Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, una norma que nace con el objetivo de alinear la Agrupación Municipal de Voluntarios con la normativa vigente, según ha informado el Consistorio.

La finalidad de este documento es "dotar a la ciudad de un servicio moderno, bien organizado, plenamente integrado en el sistema público de emergencias y jurídicamente seguro, tanto para las personas voluntarias como para los funcionarios y la ciudadanía".

En concreto, el Reglamento refuerza la idea de que el voluntariado de Protección Civil "es una expresión de participación ciudadana responsable, pero también un servicio público que debe regirse por criterios de disciplina, coordinación y profesionalidad".

Entre las principales mejoras que introduce se encuentran una estructura organizativa con responsabilidades definidas y una cadena de mando "inequívoca"; la integración funcional con el CECARM y su actuación bajo planes especiales o de ámbito superior; y la regulación detallada de funciones para evitar solapamientos o vacíos de responsabilidad.

Asimismo, establece un procedimiento administrativo de ingreso con criterios objetivos, pruebas de aptitud, formación inicial obligatoria, periodo de prácticas y evaluación continua, y fija mínimos de dedicación anual, reciclaje formativo obligatorio y renovación expresa del compromiso.

Según el Ayuntamiento, "todo ello redunda directamente en una mayor capacidad de respuesta ante emergencias reales y dispositivos preventivos complejos, así como en una mayor seguridad para las personas voluntarias y para el conjunto de la ciudadanía".

El Reglamento refuerza la imagen institucional y neutral de la Agrupación mediante normas sobre el uso del uniforme y los distintivos, el manejo del material municipal y los vehículos, el control del inventario y la custodia del patrimonio público asignado.

Además, prohíbe cualquier uso político, personal o partidista del uniforme, de los medios materiales o de la condición de voluntario; y amplía y clarifica el catálogo de derechos y deberes, alineándolo con la normativa estatal y autonómica.