Archivo - Fachada de la Sede del Tribunal Constitucional - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo
MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha amparado a una empresaria de la Región de Murcia que fue condenada a pagar más de 35.000 euros por el despido de una trabajadora sin haberse enterado de que existía un juicio contra ella.
En una sentencia publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el alto tribunal declara vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y concluye que el Juzgado de lo Social número 5 de Murcia le generó indefensión al notificarle el proceso únicamente por edictos sin intentar avisarla antes en su lugar de trabajo en Lorca.
El caso se remonta a marzo de 2022, cuando una extrabajadora demandó a la empleadora por despido y reclamación de cantidad.
En la demanda figuraba inicialmente un domicilio social en Puerto Lumbreras donde ya había sido imposible localizar a la empresaria para el acto de conciliación previo, pero el escrito facilitaba una segunda dirección a efectos de notificaciones en Lorca --el centro de trabajo donde prestaba servicios la empleada y que constaba tanto en el contrato como en la carta de despido--.
Sin embargo, el juzgado pasó por alto esa dirección de Lorca e insistió en enviar las citaciones a Puerto Lumbreras, e incluso pidió datos al Instituto Nacional de Estadística (INE) para probar suerte en otra dirección en la pedanía lorquina de Campillo, antes de dar por imposible su localización y citarla mediante anuncios oficiales en el BOE.
Al no recibir ningún aviso, la empresaria no acudió al juicio, que se celebró en su ausencia y acabó en diciembre de 2023 con una condena al pago de más de 35.000 euros brutos entre indemnización, salarios de trámite y cantidades pendientes.
La afectada no supo nada del pleito hasta enero de 2025, cuando el juzgado le embargó sus cuentas bancarias para cobrar la deuda. Tras enterarse del embargo, pidió la nulidad del juicio, pero el juzgado murciano se la denegó argumentando que no se le podía exigir una "búsqueda detectivesca" para encontrarla.
Ahora, el Tribunal Constitucional subraya que no hacía falta ninguna investigación extra y que habría bastado con leer con atención la demanda para ver que allí estaba anotada la dirección del centro de trabajo en Lorca.
Pese a darle la razón a la empresaria, el Constitucional no anula el juicio ni ordena repetirlo, ya que ambas partes llegaron posteriormente a un acuerdo económico en la fase de embargo que quedó cerrado y archivado en julio de 2026.
