Plantea, entre otras medidas, la supresión del Memorial Democrático
CARDEDEU (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
La presidenta del PP de Cataluña, Alícia Sánchez Camacho, ha presentado este martes una propuesta para reducir en 1.900 millones de euros anuales el gasto de la Generalitat, en la que contempla una reducción drástica en varias partidas presupuestarias, así como la supresión de entidades como la Casa de Perpignan y el Memorial Democrático.
Los populares han presentado una propuesta donde especifica las partidas de las que recortaría gastos, a su juicio innecesarios, y que van desde reducir el presupuesto en organización de reuniones, conferencias y cursos, a la reducción en un 80% del presupuesto destinado a las delegaciones que la Generalitat tiene el exterior.
El PP de Cataluña aboga por recortar en un 80% la inversión en publicidad y difusión de las campañas institucionales, así como los recursos destinados a la promoción de la Presidencia de la Generalitat, lo que, según los populares, supondría un ahorro de más de 57 millones.
La partida en la que el partido que dirige Camacho ha previsto un mayor ahorro es la dirigida a externalización de servicios, a la que la Generalitat destinó en 2010 1.654 millones de euros, y que el PP pretende reducir hasta poco más de 827 millones.
Alícia Sánchez Camacho ha presentado esta propuesta durante una visita en Cardedeu a la empresa de bisutería y complementos Lola Casademunt, donde la propietaria se ha interesado por saber que harían con el dinero que se destina "a las embajadas" del vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira.
Los populares plantean también la eliminación del gasto que la Generalitat invierte en oposiciones y pruebas selectivas, lo que en la práctica impide aumentar el número de funcionarios en Cataluña y no cubrir temporalmente las posibles vacantes que se produzcan.
El recorte planteado por el PP contempla también la supresión de varias consellerias, así como la reducción de gastos corrientes como el teléfono móvil, que, según ha dicho, cuesta 58 millones de euros anuales a la Generalitat.