29-S.- Secretarios Judiciales apoyan la huelga porque el Gobierno se basa en el modelo neoliberal que provocó la crisis

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se ha adherido a la huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de septiembre al considerar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se está apoyando en el mismo modelo neoliberal que "provocó" la crisis económica.

A juicio del sindicato, el "fracaso" de las políticas neoliberales "que han desembocado en la crisis económica y financiera" actual, "lejos de incidir en políticas sociales" donde el Estado adquiera una mayor protagonismo para "corregir los excesos cometidos", ha decidido apostar, "paradójicamente" y como respuesta "a esta grave situación, por el mismo modelo que la provocó".

"En primer lugar se estableció una reducción salarial sin precedentes en la función pública, junto a ello se sumaron recortes a los sectores más perjudicados por la situación socioeconómica --las personas dependientes, jubilados y a los desempleados--. Ahora se profundiza en el recorte social limitando los derechos de los trabajadores, facilitando el despido y reduciendo significativamente el coste para los empresarios", ha remachado el Sindicato en un comunicado.

DESPIDO "AÚN MÁS LIBRE"

Han agregado que en España "el despido es libre", pero hasta ahora, cuando no se justificaba razón alguna se establecía una indemnización de 45 días por año trabajado. Ahora, "el despido es aún más libre y menos indemnizado" --20 días--. Además, también se anuncia una "limitación" al acceso a las pensiones, aumentando los años de cotización a la seguridad social.

"Las condiciones precarias en el empleo y el tardío acceso al primer trabajo por parte de la juventud, supondrán nuevas pérdidas de derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras, así como una privatización de hecho donde solo tendrán acceso a la pensión digna quienes puedan permitirse un plan de pensiones", han recogido.

Por eso, desde el SISEJ consideran "plenamente justificada la huelga general" y manifiestan su adhesión a la misma, "confiando en que por parte del Gobierno se abra un proceso de reflexión y una nueva etapa en el diálogo social, que contribuya a la recuperación económica en marco del Estado Social".

YA SE HABÍAN ADHERIDO

Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia ya habían manifestado su apoyo a la huelga la semana pasada. La Unión Progresista de Fiscales mostró su respaldo ante las "medidas gravemente antisociales" del Gobierno en respuesta a la crisis económica que afectan "tanto a los trabajadores en general, a través de una reforma laboral que debilita gravemente la protección y los derechos de los asalariados, como a los pensionistas y a los empleados públicos a través de inusitados recortes en sus ingresos".

En este sentido, la asociación aseguró que la huelga "constituye la respuesta plenamente justificada de la clase trabajadora contra el reciente giro de la política social y económica del Gobierno, según ha informado el sindicato.

"Estamos en un momento histórico en que, más que nunca, resulta necesario desarrollar políticas tendentes a reforzar los principios de igualdad y solidaridad que deben cimentar nuestro Estado social. Frente a ello, sin ni siquiera incidir en las finanzas especulativas y los abusos inmobiliarios que nos han sumido en la última crisis económica, el Ejecutivo español ha optado por una serie de medidas gravemente antisociales", denunciaron.

SOLIDARIDAD CON LA PROTESTA

Ante esta situación, la Unión Progresista de Fiscales mostró su "plena solidaridad con la protesta y las reivindicaciones de los trabajadores" y declararon "expresamente" su apoyo a la huelga general convocada por los sindicatos que los representan.

En este sentido también se expresó la asociación Jueces para la Democracia (JPD) mostrando su apoyo a la huelga general y criticando que las medidas emprendidas por el Gobierno se hayan concretado en "restricciones sustanciales en los derechos de pensionistas, personas dependientes y desempleadas".

La asociación, de corte progresista, señaló mediante un comunicado que en tiempos de crisis económica "es preciso recordar que uno de los pilares que sustentan el Estado Constitucional es necesariamente la lucha contra las desigualdades, lo que se traduce en la concepción de los derechos sociales como instrumentos de garantía de los más débiles".

JpD VE "INACEPTABLE" LAS RESTRICCIONES

Por ello, los jueces de JpD consideran "inaceptable" que sean precisamente los ciudadanos más desfavorecidos "quienes tengan que asumir los costes de una situación económica que encuentra su origen en la ventajista e irresponsable actuación de unos pocos".

Afirman que el camino emprendido en el mes de junio por el Ejecutivo para luchar contra la crisis económica se concretó en restricciones sustanciales en los derechos de pensionistas, personas dependientes y desempleados, así como en recortes retributivos sin precedentes en el ámbito de la función pública.

JpD había señalado igualmente que tras años de pérdida de poder adquisitivo, las recientes reformas normativas suponen una profunda erosión de los derechos de los trabajadores --abaratamiento del despido, precarización de la contratación, merma de la negociación colectiva, debilitamiento del control judicial, etc.-- y colocan al ordenamiento jurídico laboral español "entre aquéllos con niveles más bajos de protección en el ámbito europeo".